El Gobierno presentó una propuesta de ajuste tarifario para AySA, que afectaría principalmente a los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires que reciben agua potable y cloacas gestionadas por la empresa estatal. La revisión se da en el marco de la etapa previa a la privatización y será analizada en una audiencia pública que se realizará el lunes 26 de octubre a partir de las 10, a través de una plataforma digital.
La iniciativa busca elevar la facturación anual de AySA en unos $140.057 millones, tomando como referencia valores de septiembre de 2026, lo que equivale a un aumento del 7,3% en promedio. Los ingresos adicionales estarían destinados de forma exclusiva a financiar la tarifa social para unos 150.000 hogares y ampliar ese programa. Fuentes del sector señalan que, por ahora, no hay muchas motivaciones para adherirse de inmediato a la tarifa social, dado que aún no se producen cortes de agua por falta de pago; no obstante, esa medida podría implementarse cuando se concrete la privatización.
La propuesta especifica que la nueva facturación no podrá ser destinada por el futuro dueño del 90% de AySA a obras ni a otros gastos corrientes.
En la resolución 41/2026 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), publicada en el Boletín Oficial, se informó una actualización de coeficientes zonales que corrige errores materiales y reemplaza la anterior. El ajuste incluye criterios para asentamientos informales y para urbanizaciones cerradas, además de un nuevo tratamiento para el precio del metro cúbico del servicio de cloacas.
Con respecto a la distribución de usuarios, de un total de 3.354.868 residenciales, el 60% (aproximadamente 1.998.747 clientes) verá incrementos de hasta 22,6%, con cuotas mensuales que no superarán el 5% cada mes. Sus facturas pasarán de un promedio de $29.116 antes de impuestos a $35.710.
Un segmento de 672.194 usuarios (el 20%) mantendrá sus boletas sin cambios, en $20.582 por mes antes de impuestos. El último 20% restante—unos 683.927 hogares—experimentará una reducción del 14,7%, de $27.889 a $23.798.
Los cambios también afectarán a usuarios no residenciales, como comercios e industrias, y a baldíos. Estas modificaciones coinciden con el avance del proceso de venta de AySA por parte del Ministerio de Economía, que ya tiene precalificados a dos grupos interesados para la operación.
