El conflicto por la reestatización de YPF, que acumula más de una década de pleitos en tribunales estadounidenses, sumó un nuevo hito. Ayer, Burford Capital presentó formalmente ante la Corte Suprema de los Estados Unidos una solicitud de certiorari, para que el máximo tribunal revise la causa en representación de Petersen Energía, Petersen Inversora y la firma Eton Park.
La noticia fue confirmada por el Gobierno argentino. La Procuración del Tesoro ratificó que los demandantes ya habían adelantado su intención de acudir a la Corte Suprema tras el rechazo del pedido de revisión en banc en el Segundo Circuito de Nueva York. Según las fuentes oficiales, el escrito se presentó en la última hora del plazo establecido por la justicia estadounidense.
“En la Procuración ya anticipábamos este escenario, ya estamos trabajando en la estrategia y vamos a seguir defendiendo los intereses del Estado con la misma intensidad con que lo venimos haciendo”, destacaron desde la Cartera.
A mediados de agosto, la Corte Suprema extendió el plazo para que Burford y los otros demandantes pudieran presentar su recurso. La apelación formal, conocida en la jurisprudencia de EE.UU. como writ of certiorari, representa el último intento por parte de los demandantes para revertir la sentencia de marzo, que dejó sin efecto la mayor parte de la condena original y evitó que Argentina tenga que pagar más de US$16.000 millones.
En el sistema judicial norteamericano, una certiorari no implica automáticamente revisión: la Corte tiene la potestad de decidir si acepta o no tomar el caso. Las estadísticas muestran que, de entre 7.000 y 8.000 solicitudes recibidas en un periodo, solo se analizan alrededor de 60 a 80.
En paralelo al procesamiento ante la Corte, Burford activó una vía complementaria. Según informó LA NACIÓN, la firma notificó al Estado argentino su intención de llevar el caso YPF al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), invocando un tratado bilateral de inversiones suscrito entre Argentina y España en 1991. Con ello, el fondo busca abrir un segundo canal para la disputa que mantiene con el país.
