El Frente Sindical de Universidades Nacionales de la CONADU, tras un plenario de Secretarios y Secretarias, acordó iniciar un paro el miércoles 30 de septiembre. La medida, que podría extenderse entre 48 y 72 horas, buscará articularse en unidad con CONADU Histórica y fortalecer la acción conjunta.
La huelga podría levantarse únicamente si, para el martes 29, la administración de Milei cumple con la recomposición salarial del 33,4% contemplada en la Ley de Financiamiento Universitario y se atiende la intimación del juez federal Martín Cormick. Ese fallo instruye al Ejecutivo a aplicar en un plazo de cinco días la medida cautelar que ordena implementar los artículos 5 y 6 de la citada normativa, los cuales detallan la suba salarial para docentes y no docentes, así como las becas estudiantiles.
Para CONADU, la medida forma parte del plan de lucha de cara a la Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre, en la que las instituciones educativas volverán a salir a la calle para reclamar por el desfinanciamiento de la educación superior. La organización adelantó que durante los días previos habrá acciones de visibilización y agitación del conflicto.
Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, subrayó que el objetivo es fortalecer lo colectivo ante un contexto que, según afirmó, está marcado por la fragmentación e individualismo impulsados por el gobierno de Milei. “La unidad es un antídoto frente a este momento histórico”, afirmó.
La federación resaltó que la quinta marcha debe volver a poner en evidencia la crítica situación del sistema universitario, no solo por el incumplimiento de la Ley, sino también por lo que implica el proyecto de Presupuesto 2027. En paralelo, adelantó que se coordinarán gestiones parlamentarias con diputados y senadores de distintas provincias para reforzar la demanda.
Las universidades y gremios del sector venían reclamando hace tiempo la intimación judicial para obligar al Ejecutivo a aplicar la Ley. La medida cautelar expedida por Cormick, respaldada por la Cámara de Apelaciones en marzo y ratificada por la Corte Suprema el 25 de junio, sostiene esa obligación y marcó el marco del actual conflicto.
