El plan oficial apunta a cerrar nuevas privatizaciones del sector público antes de terminar el mandato de Javier Milei, con la expectativa de generar ingresos alrededor de US$ 1.500 millones en 2027 para hacer frente a vencimientos de deuda externa, según el programa financiero presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo.
Tras la venta del 90% de AySA por US$ 340,2 millones, el Gobierno informó que el 11 de noviembre se abrirán las ofertas para las concesiones de Belgrano Cargas, San Martín Cargas y Urquiza Cargas, cuyas áreas están desdobladas en talleres, material rodante y vías. Los principales interesados incluyen Grupo México Transportes, un consorcio de cerealeras y Grupo Roggio, que recientemente había perdido AySA.
Los trenes de carga se presentan como un componente clave para disminuir costos logísticos, competir en tramos largos frente al transporte por camión y mover insumos para el sector agroindustrial, los desarrollos energéticos en Vaca Muerta, la minería de litio y cobre en el Noroeste y las economías regionales del país.
Un mes después, el 14 de diciembre, se abrirán las ofertas para la concesión de AMBA I, la obra más relevante de la red eléctrica nacional, con un costo estimado en US$ 1.100 millones. La concesión priorizará una tarifa competitiva para los usuarios, ya que no generará ingresos directos para el Estado; la tarifa la fijará el ganador y será pagada por los usuarios.
Entre los interesados figuran Transener, cuyos accionistas incluyen Pampa Energía (Marcelo Mindlin y socios), Edison Energía (propietarios Juan y Patricio Neuss junto a otros empresarios) y Genneia (Jorge Brito y socios); también figura Central Puerto, entre otros participantes.
El 15 de diciembre están previstas las vencimientos de contratos de concesión de varias represas hidroeléctricas, como Los Nihuiles en Mendoza; Futaleufú, en Chubut; y dos centrales en Santiago del Estero. En Mendoza podrían competir los Neuss junto a Edison y Pampa Energía; en Futaleufú se espera la participación de Aluar, de Javier Madanes Quintanilla, posiblemente acompañado por Genneia, ya que esa central abastece la mayor planta alumina del país.
Las licitaciones siguen con retraso y es probable que se extiendan, una práctica similar a lo ocurrido con las represas de Neuquén y Río Negro, para mantener operativas las actuales plantas hasta que tome posesión un nuevo concesionario. En enero de 2026, esas ventas generaron ingresos para el Estado de alrededor de US$ 700 millones.
El año próximo, el Gobierno también planea desprenderse de las centrales termoeléctricas San Martín y Belgrano, hoy en manos de Energía Argentina (ENARSA), y del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), que administra las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse.
