El Ejecutivo argentino, encabezado por el gobierno de Javier Milei, presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) una petición de medidas provisionales con el fin de impedir la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte. La acción se produce luego de que expirara el plazo de dos semanas que Buenos Aires había establecido para que Londres detuviera esas labores.
Sea Lion se explora en aguas al norte de las Islas Malvinas y es llevado adelante por Navitas Petroleum, de origen israelí, junto con Rockhopper Exploration, británica. La Presidencia de la Nación confirmó la presentación a través de un comunicado fechado el 13 de octubre, y señaló que la solicitud se dirigió al ITLOS, con sede en Hamburgo, con el objetivo de preservar los derechos que Argentina reclama durante la fase inicial del procedimiento internacional.
La medida requerida tiene un carácter equiparable al de una cautelar: pretende impedir nuevos avances del proyecto mientras el tribunal analiza los fundamentos argentinos, la competencia del órgano y la urgencia planteada. ITLOS podrá aceptar el pedido, rechazarlo o fijar medidas de alcance diferente.
Según la Presidencia, la petición busca salvaguardar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas.
Este paso se enmarca en la estrategia internacional anunciada por Milei el 28 de septiembre, cuando Argentina notificó al Reino Unido el inicio de un procedimiento previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y otorgó un plazo de dos semanas para adoptar medidas contra Sea Lion. El vencimiento llegó el 12 de octubre; Londres rechazó el planteo y defendió las autorizaciones concedidas por las autoridades de las islas, por lo que Buenos Aires avanzó con la vía ante ITLOS.
La Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, coordina la gestión diplomática y el procedimiento internacional. En la preparación técnica intervinieron la Consejería Legal Internacional, bajo la dirección del embajador Mario Oyarzábal, y la Procuración del Tesoro, dirigida por Sebastián Amerio.
La base legal de la solicitud es el artículo 290, párrafo quinto, de la CONVEMAR, norma que permite pedir medidas provisionales ante ITLOS antes de la constitución del órgano arbitral que resolverá el conflicto principal. La Presidencia subrayó que esa disposición habilita al tribunal a actuar en esta etapa preliminar para salvaguardar derechos y evitar daños mayores.
