La Corte Suprema decidió, apenas unos días después de haber habilitado el articulado del DNU 70 que deroga la Ley de Tierras, frenar de forma provisoria los efectos del artículo 154 del mismo decreto. La razón subyacente, según la lectura institucional, fue evitar un rechazo completo al DNU, que habría favorecido a un grupo reducido de grandes empresarios. El paquete, conocido como las Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, se publicó el 21 de diciembre de 2023 y dio paso a la posterior Ley Bases. Entre sus medidas figuraban la desregulación de tarifas y condiciones en diversos sectores, como la financiación, la yerba mate, los alquileres y las prepagas, junto a otras desregulaciones comerciales.
¿Por qué resulta relevante este decreto? El saldo aplicado a la población mostró que los beneficios no se trasladaron en general a la mayoría, sino que la performance favorable quedó concentrada en bancos y emisoras de tarjetas, empresas de prepagas, cámaras de propietarios y algunos empresarios de peso.
Entre las medidas destacadas figuraba la eliminación de límites a los intereses punitorios y la habilitación para que emisoras de tarjetas ofrezcan comisiones distintas a comercios del mismo rubro, permitiendo la personalización de tasas.
En un informe de CEPA de diciembre de 2023 titulado “El Mega DNU del gobierno de Milei: desregulaciones, desguace, extranjerización y fuerte retroceso en derechos laborales”, se advertía que, en un contexto de caída del poder adquisitivo, la ausencia de un tope para el pago mínimo de tarjetas podía disparar intereses elevados. Y, efectivamente, la dinámica se cumplió: la combinación entre menor ingreso disponible y costos financieros que llegaron a tasas cercanas a 1.400% generó una escalada de morosidad sin precedentes, con 12,9% en bancos y 34,2% en billeteras, a agosto de 2026.
La desregulación y la narrativa oficial desencadenaron, además, un encarecimiento y precarización del endeudamiento para las familias. Muchos hogares se endeudaron primero con tarjetas o préstamos bancarios para cubrir gastos básicos; cuando no pudieron pagar, los bancos redujeron la financiación para evitar desequilibrios contables, empujando a los deudores hacia billeteras, donde no se exigen ingresos comprobables y las tasas pueden alcanzar 1.375% anual. Los mecanismos de cobro son agresivos, afectando a familiares y colegas. Si esas billeteras dejan de otorgar crédito, la persona ingresa al circuito informal del barrio, con tasas elevadas y prácticas de cobro que pueden ser ilegales (retención de electrodomésticos, amenazas y violencia). En síntesis, la desregulación promovida no resulta inocua.
El DNU 70, además, liberó los precios de las prepagas. El impulso de la norma quedó reflejado en las declaraciones del ministro Federico Sturz.
