La Cancillería argentina, a cargo de Pablo Quirno, comunicó este jueves por la mañana la posición oficial ante la decisión del Reino Unido de rechazar el pedido de arbitraje planteado por Buenos Aires para frenar la exploración petrolera en las islas Malvinas, en el marco del Proyecto Sea Lion. El texto subraya que, para la Argentina, acudir a un tribunal internacional imparcial es una medida responsable de un Estado y que el recurso no persigue socavar a nadie, sino preservar los derechos legítimos del país sobre sus recursos naturales.
El gobierno británico había acusado al planteo argentino de intentar debilitar la prosperidad y la seguridad económica de una población con autogobierno. En respuesta, la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar del Reino Unido, Uma Kumaran, sostuvo que los habitantes de las Malvinas han elegido libremente su destino y tienen derecho a gestionar sus recursos sin coacción ni interferencias.
En el marco de la escalada diplomática generada por el Proyecto Sea Lion, una iniciativa de la firma británica Rockhopper y la israelí Navitas Petroleum para extraer petróleo a unos 200 kilómetros del archipiélago, desde Buenos Aires se reiteró la legalidad del procedimiento arbitral. El comunicado enfatizó que el recurso ante un tribunal internacional no busca vulnerar derechos ajenos, sino garantizar la defensa de las prerrogativas argentinas sobre sus bienes naturales.
Asimismo, el texto rechazó la idea de que la aplicación del principio de libre determinación esté condicionada de forma distinta para las islas, y lamentó cualquier insinuación de que acudir a un proceso legítimo socave la confianza de Argentina como socio estratégico. La Cancillería afirmó que la vía arbitral es, para Estados comprometidos con el Estado de derecho, la vía adecuada para dirimir diferencias en torno a la explotación de recursos en el Atlántico Sur.
