El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Sergio Aguirre, exsocio del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de dos exinterventores designados por el Gobierno para la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). A los tres se les imputa negociación incompatible con la función pública y administración fraudulenta, y se les trabó un embargo por mil millones de pesos.
OSPRERA está intervenida desde 2024, en medio de un conflicto con el gremio UATRE. La investigación se centra en la contratación de HTECH, una empresa creada por Aguirre en abril de 2024. Según la acusación, la firma no tenía antecedentes, personal ni facturación previa antes de prestar servicios para la obra social. HTECH cobró a OSPRERA por asesoría informática, procesamiento de datos y desarrollo de software; entre noviembre de 2024 y julio de 2025 habría recibido aproximadamente 266 millones de pesos.
Aguirre y Martín Menem habían fundado en 2018 la firma TR Nutrition SRL, dedicada a la importación y venta de suplementos dietarios.
El contrato con HTECH fue suscripto por Virginia Montero, la primera interventora de OSPRERA, y fue renovado y ampliado por su sucesor, Marcelo Petroni. Ambos quedan bajo la imputación. Además, la madre de Aguirre, María Casandra Mirabelli, era socia de HTECH y, a la vez, trabajaba como secretaria privada de Petroni.
En julio, Casanello había citado a indagatoria a los imputados y había embargado bienes por 920 millones, entre ellos vehículos de alta gama. En su declaración, Montero justificó la contratación de la empresa. Por su parte, Aguirre negó haber participado en el procedimiento que dio lugar al contrato y cuestionó filtraciones de datos de la causa.
A principios de septiembre, la Sala II de la Cámara Federal porteña anuló parte de la investigación: invalidó un allanamiento al domicilio de Montero, el secuestro de su teléfono y las pruebas obtenidas de ese aparato, y dejó sin efecto los embargos sobre los bienes de los imputados. No obstante, la instrucción general continuó bajo la conducción de Casanello, con la intervención del fiscal Guillermo Marijuán.
