En un contexto político tenso por la reciente revisión judicial del mega DNU 70/2023, el bloque kirchnerista en el Senado presentó un proyecto para dejar sin efecto la ambigüedad que dejó la Corte y asegurar, de inmediato, la plena vigencia de la Ley de Tierras Rurales (26.737). La iniciativa busca restablecer el marco normativo que impone un límite del 15% de adquisición por parte de extranjeros.
La bancada fue conducida por José Mayans (Formosa), al frente del bloque; lo acompañaron la cristinista Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y Fernando Salino (San Luis), titular de la bancada Justicia Social Federal, junto a otros dos integrantes de esa bancada. Los senadores subrayaron que la tierra no debe verse como una simple mercancía sujeta a la oferta y la demanda, sino como un recurso natural estratégico, finito y estrechamente vinculado a la seguridad nacional.
La movida no sorprende del todo, pero sí resulta llamativa en pleno contexto de una cautelar que podría haber sido revocada por la Corte. Aun así, el bloque no presentó esta cuestión cuando se aprobó en el Senado la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, lo que hoy algunos analizan como un intento de revertir una derrota y las diferencias con el máximo tribunal. En ese marco, el oficialismo busca ahora corregir esa línea y señalar críticas al Poder Judicial.
En la sesión anterior, la Cámara alta ya había recusado por completo el DNU 70/23, y ahora el tema quedó en estado de “descanso” en Diputados, donde le corresponde su tratamiento, gestionado además por la Bicameral de Trámite Legislativo. Los senadores aclararon que la Ley 26.737 no prohibía la inversión extranjera productiva, sino que fijaba límites razonables y coherentes con legislaciones de países centrales como Estados Unidos, Brasil, Francia y Australia.
Si bien el proyecto se dirige a un único artículo, los firmantes argumentan que, ante la falta de definiciones judiciales sobre la constitucionalidad de la norma, corresponde al Congreso actuar como garante del dominio público y de la legalidad constitucional. Recalcan que no corresponde al Poder Judicial trazar políticas sobre la conveniencia del régimen de propiedad de tierras, pero sí es responsabilidad del Legislativo reparar la vulnerabilidad territorial.
La norma a la que se refieren las filas cristinistas y afines establece, en términos generales, un marco que busca equilibrar la inversión extranjera con la preservación del dominio territorial nacional, manteniendo ciertos límites para evitar concentraciones desmedidas.
