En la 19ª Misa contra la Trata y la Exclusión, celebrada este martes en Plaza Constitución, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, envió un mensaje grabado en el que advirtió que persisten distintas formas de explotación en la sociedad actual. Subrayó que, pese a la apariencia de prosperidad de la ciudad, se mantiene una realidad de esclavitud en sus distintas acepciones y pidió tomar mayor conciencia de los mecanismos menos evidentes de abuso, tanto en barrios como en entornos digitales. También enfatizó que la oración debe funcionar como una llama que sostenga a la comunidad frente a la indiferencia ante la injusticia, y que la sensibilización permite identificar estas dinámicas ocultas.

La misa, que nació hace casi veinte años por iniciativa de Jorge Bergoglio, entonces arzobispo porteño, junto con trabajadores cartoneros, fue presidida en esta ocasión por Pedro Cannavo, obispo auxiliar de Buenos Aires y vicario general de la Ciudad. La jornada culminó con una olla popular para los asistentes.

Durante la jornada, los sacerdotes de los barrios populares cuestionaron operativos que, aseguran, afectan a quienes trabajan allí: denunciaron cierres de locales, decomisos de mercadería, herramientas y equipamiento, y la destrucción de toldos y espacios destinados a la venta y al trabajo. En un comunicado, solicitaron al Estado una respuesta frente a la hostilidad y la persecución que, dicen, se repite en estos procedimientos.

Los curas villeros destacaron que la gente quiere cumplir la ley, pero reclamaron al Estado una actitud frente a la realidad de hostilidad que perciben en los operativos reiterados en sus barrios. Reafirmaron la necesidad de que las autoridades entiendan este contexto y adopten medidas adecuadas.

Sergio Sánchez, presidente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), reclamó el cese de las acciones contra los trabajadores del sector y pidió a la Iglesia y al Gobierno abrirse mutuamente para dejar de perseguir a los recicladores. Además, indicó que el Gobierno pretende avasallar el sistema de reciclado que, sostiene, fue construido con años de trabajo por los recicladores y que debe ser protegido como fuente de empleo legítimo. “Hoy buscan desdibujar un modelo de reciclaje que nos llevó mucho esfuerzo”, afirmó.