La decisión se dio en un marco de tensión por las declaraciones del presidente Javier Milei sobre imponer sanciones a empresas extranjeras que extraigan petróleo en las Islas Malvinas y vulneren la soberanía argentina. En ese contexto, el caso por daño ambiental y soberano se tramitara en el fuero federal, con intervención del Juzgado Federal de Tierra del Fuego.
La responsable de Garantías de Río Grande, la jueza Mariel Borruto, declaró su competencia para intervenir en la acción preventiva dirigida contra las dos petroleras involucradas en el proyecto Sea Lion. Se trata de una iniciativa integrada por Navitas Petroleum, de origen israelí, y Rockhopper Exploration, de Reino Unido, que prevé perforaciones y extracción en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, es decir, sobre la plataforma continental Argentina.
La demanda fue promovida por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Los actores solicitaron el cese de las tareas vinculadas al desarrollo hidrocarburífero.
Entre los fundamentos, las organizaciones argumentan que las etapas logísticas y de construcción se realizaron con licencias emitidas unilateralmente por el Reino Unido, lo que, sostienen, se traduce en la ausencia de una evaluación de impacto ambiental ante autoridades argentinas y de la certificación ambiental prevista en la Ley General del Ambiente, Nº 26.675.
Además de confirmar la competencia federal, Borruto ordenó dar participación a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La magistrada consideró que el área del proyecto se encuentra en la jurisdicción provincial, por lo que el Estado fueguino posee atribuciones sobre recursos naturales y regulación ambiental.
En ese marco, la Fiscalía de Estado provincial contó con un plazo de diez días para intervenir en defensa del patrimonio y del ambiente regional. Paralelamente, se requisó a las partes que informen en un plazo de cinco días si existen procesos similares en otros tribunales.
Las partes también deben traducir al castellano la documentación en idiomas extranjeros y presentarla en formato digital para que se pueda analizar la posibilidad de medidas cautelares.
La resolución de Borruto se alinea con el dictamen de la Sede Fiscal Descentralizada Río Grande, elaborado por el fiscal Marcelo Rapoport y la auxiliar Lorena Bendaña. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que, por la conexión oceánica del Atlántico Sur con las ecorregiones del Mar Argentino y de las Islas del Atlántico Sur, el impacto ambiental excede una jurisdicción puramente local.
El proyecto Sea Lion contempla una infraestructura que incluye pozos submarinos y una unidad flotante de procesamiento, entre otros componentes previstos, lo que refuerza la lectura de que el tema debe evaluarse desde una perspectiva que trasciende lo local.
