La semana que empieza se presenta más intensa y ágil, con un conjunto de hechos que, pese a su desarrollo aún incierto, podrían otorgarle al Gobierno un inicio de dominio sobre la agenda pública a través de la dinámica que genera la cadena nacional.
Con el anuncio sobre Malvinas se abrió un periodo para afinar un proyecto de ley que, el lunes, ingresará a la Cámara de Diputados. La iniciativa propone reformar las normas sancionatorias vigentes para castigar a quienes operen tanto en Malvinas como en territorio argentino, y ampliar las prohibiciones a diversas figuras vinculadas a estas actividades.
Entre las firmas involucradas, figuran grandes petroleras extranjeras que operan en el país y compañías con domicilio local, entre ellas YPF. En la conversación sobre escenarios de riesgo, surgió la alerta por DOF Group, grupo noruego de ingeniería offshore, que habría vendido dos monoboyas clave para el proyecto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur). Este megaproyecto de infraestructura es impulsado por YPF junto a Vista (Miguel Galuccio), Pan American Energy (Bulgheroni) y Tecpetrol (Techint), entre otros.
La controversia se agrava por la posibilidad de que DOF Group también esté suministrando equipamiento para Sea Lion, el proyecto en Malvinas. En los días recientes se realizaron verificaciones para confirmar el estado geográfico de las boyas, que ya fueron pagadas y salieron del estrecho de Ormuz; desde entonces se las considera un producto de origen argentino.
Una posible complicación podría poner en riesgo “22 mil millones de dólares en exportaciones” que, según una fuente del entorno cercano al Presidente, empezarían a fluir una vez terminada la obra. Este dato muestra la magnitud de la posible repercusión económica.
El eje de la iniciativa oficial no se limita a Malvinas: el proyecto de ley ampliaría el alcance de las sanciones a directivos y propietarios de cualquier empresa con vínculos con operaciones sobre recursos naturales en Malvinas y, además, diversificaría las restricciones para alcanzar al sector pesquero, que ya está contemplado en otra normativa.
El rubro pesquero aparece como un punto de alta sensibilidad. De cara al lunes, las cámaras del sector pidieron audiencias con referentes del oficialismo en Diputados, ante la perspectiva de cambios que podrían afectar a firmas con operaciones en Argentina y en Malvinas. Se advierte una convivencia estrecha entre sociedades que actúan en ambos escenarios.
Si la propuesta avanza como promete el Gobierno, las licencias de pesca podrían verse afectadas, provocando un impacto significativo en la industria y una posible reconfiguración de permisos entre empresas. Un funcionario cercano al Presidente indicó que el tema ha sido discutido en la última semana con el jefe de Estado.
