A partir del lunes se espera una etapa más intensa, veloz y delicada en la dinámica política nacional e internacional. En esa coyuntura se priorizará un marco legal que permita al Gobierno avanzar en su manejo de la agenda, tras una campaña de anuncios en torno a Malvinas que abre un periodo para afinar un proyecto de ley.
La iniciativa, que el Gobierno prevé enviar a la Cámara de Diputados ese mismo día, busca ampliar y especificar las sanciones a quienes operen tanto en Malvinas como en aguas argentinas. La idea es apuntar a todas las condiciones laborales y de propiedad vinculadas a actividades sobre recursos naturales en la región, con un endurecimiento progresivo de las prohibiciones y una diversificación de las restricciones, que incluiría al sector pesquero, hasta ahora contemplado en una norma separada.
En el plano empresarial, las grandes petroleras, tanto extranjeras como residentes en Argentina, están en alerta y solicitando encuentros para acordar lecturas y posibles impactos. Entre ellas figura YPF, que observa con atención el desarrollo de la propuesta.
Un foco de preocupación es el DOF Group, grupo noruego especializado en ingeniería offshore, que vendió dos monoboyas fundamentales para el proyecto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur). VMOS es un emprendimiento de infraestructura vital para YPF y otros actores como Vista (Miguel Galuccio), Pan American Energy (Bulgheroni) y Tecpetrol (Techint), entre otros. A la vez, DOF Group habría estado suministrando componentes también al proyecto Sea Lion en Malvinas, lo que añade complejidad a la situación.
Las verificaciones recientes se centraron en confirmar el estado geográfico de las boyas, ya pagadas y que, tras salir del estrecho de Ormuz, quedaron categorizadas como bienes argentinos. Este detalle es relevante porque la continuidad de esas operaciones podría afectar la estimación de exportaciones y la proyección de ingresos: según un integrante del círculo de confianza presidencial, la magnitud de las exportaciones que se pueden ver comprometidas ronda los 22 mil millones de dólares cuando la obra esté concluida.
Más allá de la guía legislativa prevista para el lunes, la cartera busca involucrar a la pesca en el nuevo marco normativo. En la práctica, las cámaras pesqueras ya han pedido audiencias con referentes del oficialismo en Diputados, ante la posibilidad de que los permisos de pesca sean revocados para empresas con vínculos con operaciones en Malvinas. Esto podría desencadenar un cambio radical en la asignación de permisos y generar un conflicto de gran escala en la industria.
En paralelo, el Presidente habría mantenido conversaciones con cercanos de su círculo político para valorar el impacto de las medidas y las posibles repercusiones internas, mientras el Gobierno intenta ordenar la agenda en medio de una economía y un tablero diplomático cambiantes.
