El expediente por la reestatización de YPF, que acumula más de una década de litigio en tribunales de Estados Unidos, suma un nuevo capítulo. Burford Capital, que litiga en representación de Petersen Energía, Petersen Inversora y la firma Eton Park, presentó formalmente ante la Corte Suprema de los Estados Unidos una petición de certiorari para que el máximo tribunal revise la decisión que dejó sin efecto una sentencia adversa para Argentina.
La confirmación provino del propio Gobierno. La Procuración del Tesoro ratificó que los demandantes ya habían adelantado su intención de acudir al tribunal supremo tras la negativa de la revisión en banc por parte del Second Circuit de Nueva York. Ayer, al vencimiento del plazo para presentar el recurso, las partes formalizaron la petición, según fuentes oficiales.
Desde la Procuración aseguraron que ya se esperaba este escenario y que se está trabajando en la estrategia para defender los intereses del Estado, con el mismo nivel de intensidad que se ha mostrado en etapas anteriores.
A mediados de agosto, la Corte Suprema extendió el plazo para que los fondos presentaran su recurso, manteniendo abierta la posibilidad de que el caso llegue a ser considerado en la máxima instancia.
La apelación ante la Corte Suprema, conocida en Estados Unidos como writ of certiorari, representa el último intento de los demandantes por revertir la resolución de marzo, cuando la sentencia inicial de la jueza Loretta Preska fue modificada en su totalidad y se dejó fuera la obligación de Argentina de pagar una compensación que superaba los US$16.000 millones. En la práctica, la aceptación o rechazo de la petición depende de la Corte y no implica automáticamente un análisis del fondo.
Las probabilidades de éxito no favorecen claramente a Burford: la Corte Suprema recibe entre 7.000 y 8.000 solicitudes de revisión por periodo de sesiones, y apenas analiza alrededor de 80.
A la vez, Burford implementó una vía paralela. Como informó LA NACIÓN, notificó al Estado argentino que remitirá el caso YPF al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), bajo un tratado bilateral de inversiones suscrito entre Argentina y España en 1991. De este modo, el conflicto figura en jurisdicciones internacionales adicionales mientras persiste la disputa en Estados Unidos.
La continuidad de la batalla apunta a varios frentes: la defensa de la Argentina ante la Corte Suprema y la escalada de mecanismos de resolución de disputas internacionales, que mantienen el pulso entre el Estado y el grupo de inversionistas representados por Burford Capital.
