Anoche, alrededor de las 19, se llevó a cabo un cóctel en la embajada de Canadá, en la antesala del Energy Week que se realiza hoy y mañana en Buenos Aires. El evento, que buscaba fortalecer lazos en el sector energético entre ambos países, contó con la organización conjunta de la Embajada, la Bolsa de Toronto y el grupo Canaccord, que terminó desistiendo de participar a último momento. Sus directivos tenían previsto viajar a Argentina, pero decidieron no hacerlo.
La Cancillería incluida Canaccord Genuity Limited en una nómina de 45 empresas y accionistas sancionados el viernes anterior, acusadas de operaciones hidrocarburíferas no autorizadas en las proximidades de las Islas Malvinas. En la lista figura como accionista de Eco Oil & Gas, compañía que controla a las firmas JHI Associates y JHI Falklands, licenciatarias en las islas. Además, el Gobierno amplió este martes la ofensiva sancionatoria a 15 nuevos individuos, entre ellos accionistas de Navitas Petroleum y de Rockhopper Exploration, las firmas detrás del proyecto Sea Lion.
La ausencia de Canaccord fue el eje de los comentarios en la velada. Entre sushi y copas, ejecutivos de energía y minería analizaban el impacto de estas sanciones y si podrían afectar a sectores argentinos que dependen de proveedores y aseguradoras internacionales con vínculos a Malvinas. Uno de los presentes señaló que la situación genera rispidez innecesaria y que conviene entender la interdependencia de la cadena para definir límites de las sanciones.
Canaccord, por su parte, tiene inversiones en litio en la provincia de Salta, y había acercado conversaciones para ampliar su presencia en el país. En paralelo, la firma aparece en el expediente por su participación en una licenciadora de las islas, lo que contrasta con su perfil como inversor activo en una actividad de crecimiento relevante en territorio continental.
Más en la línea de preocupación que el foco petrolero: el entramado de proveedores que atiende a todas las operaciones. Las aseguradoras marítimas de peso son en su mayoría británicas y, si bien hay actores grandes, la mayoría de los servicios de auditoría y reaseguro atiende a una industria de fracciones. Los bancos que financian proyectos en Malvinas podrían ser los mismos que analizan posibles financiamientos para Vaca Muerta, lo que complica aún más el cuadro regulatorio.
Entre los casos relevantes de la lista, destaca Bluewater Energy Services, de Holanda, incluida como “proveedor estratégico de infraestructura” para el buque de producción Aoka Mizu, contratado por Sea Lion por 20 años. Esta empresa también había construido, en su astillero, las dos monoboyas del terminal marítimo VMOS, una infraestructura clave que conecta Vaca Muerta con el puerto de Punta Colorada, en Río Negro.
La sanción no implica una multa económica; se inicia un trámite administrativo para determinar responsabilidades y efectos sobre las operaciones de las involucradas, bajo la autoridad de la Cancillería.
