Burford Capital, entidad que financia las demandas de Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, se preparaba para presentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. El plazo para hacerlo vencía este 30 de septiembre y, al cierre de esta nota, no había confirmación de que la firma haya iniciado la apelación.
La intención de Burford es revertir la sentencia que dejó a Argentina sin la obligación de pagar 16.100 millones de dólares, más intereses, por la supuesta violación al estatuto de YPF en el proceso de estatización de la empresa. La noticia de la posible apelación fue anunciada por Burford el 27 de marzo, cuando la Corte de Apelaciones de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Loretta Preska. En esa línea, la Procuración del Tesoro ya venía preparando la defensa argentina en los últimos meses.
En junio, el pleno de la Cámara de Apelaciones (en banc) rechazó un pedido para revisar el fallo. Los jueces de la segunda instancia Denny Chin y Beth Robinson, con la disidencia de José Cabranes, sostuvieron que Preska interpretó erróneamente el derecho argentino, lo que llevó a la anulación de la sentencia. A la vez, enfatizaron que la expropiación afectaba derechos de propiedad en Argentina.
Burford había informado públicamente que la tasa de reversión de sentencias de primera instancia en Nueva York es inferior al 10%. El sector señala, en cambio, que la Corte Suprema dificulta tomar casos como este (aproximadamente 1% de probabilidad), a pesar de que en 2019 el Alto Tribunal dejó abierta la posibilidad de intervenir en la causa.
Además, el fondo dirigido por Christopher Bogart ya había presentado este mes un reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, en representación de Petersen y Petersen Energía Inversora, exigiendo compensación al Estado argentino.
Hasta principios de año, Burford mantenía el 35% de Petersen y el 82% de Eton Park, con un valor contable cercano a los 100 millones de dólares, frente a los 1.700 millones que valía la participación antes del fallo adverso de marzo. Los administradores de la quiebra de estas firmas—con sede en España—poseen el 30% de las participaciones. En caso de cobranzas, deberán primero afrontar deudas con bancos internacionales que financiaron la llegada de los Eskenazi a YPF entre 2008 y 2010, antes de recibir cualquier ganancia.
La defensa del caso YPF por parte del Estado nacional ha atravesado distintas gestiones públicas a lo largo de los años, involucrando a las administraciones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei.
