Burford Capital, fondo de inversión que financia las demandas de Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, se preparaba para acudir ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. El plazo para presentar la apelación vencía este 30 de septiembre, y al cierre de esta nota no había confirmación de que el recurso haya sido interpuesto.
La apelación busca revertir un fallo que eximió a Argentina de abonar 16.100 millones de dólares más intereses por la presunta violación del estatuto de YPF en el proceso de expropiación de la compañía. Burford había anunciado su intención de presentar el recurso el 27 de marzo, tras la revocación, por parte de la Corte de Apelaciones de Nueva York, de la sentencia de primera instancia dictada por Loretta Preska. En función de ese escenario, la Procuración del Tesoro de la Nación había ido afinando la defensa durante los meses siguientes.
En junio, de hecho, el pleno (en banc) de la Cámara de Apelaciones de Nueva York rechazó un pedido para revisar ese fallo. Los jueces de segunda instancia Denny Chin y Beth Robinson, con la disidencia de José Cabranes, sostuvieron que Preska interpretó de forma incorrecta el derecho argentino, por lo que anuló la sentencia. Aun así, determinaron que la expropiación puso en riesgo derechos de propiedad en la Argentina.
Según Burford, la tasa de reversión de sentencias de primera instancia en Nueva York es inferior al 10%. En el ámbito financiero, se comenta que la Corte Suprema tiene baja probabilidad de aceptar el caso (alrededor del 1%), aunque en 2019 los jueces supremos sí optaron por tomar una causa similar.
El fondo ya se había presentado este mes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, en representación de Petersen, para reclamar una compensación al Estado argentino.
A principios de año, Burford contaba con el 35% de las acciones de la quiebra de Petersen y con el 82% de Eton Park; el valor contable de esas participaciones se situaba en torno a los 100 millones de dólares, frente a los 1.700 millones que valían antes del fallo adverso de marzo. Los administradores de la quiebra de estas sociedades, con sede en España, poseen el 30% de la participación. En caso de cobrar algo, primero tendrían que afrontar deudas con bancos internacionales que financiaron la entrada de los Eskenazi en YPF entre 2008 y 2010, antes de recibir beneficios.
La defensa del caso YPF ha atravesado diversas gestiones de Gobierno en Argentina, vinculadas a las administraciones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, siendo manejada casi como una política de Estado.
