En un contexto donde la eficiencia y la competitividad ocupan la atención de las empresas, la gestión pública enfrenta limitaciones estructurales que la mayor estabilidad macroeconómica no logra compensar: falta de infraestructura, presión impositiva alta y costos laborales elevados.
Un claro ejemplo es la realidad de Acon Timber, el aserradero de capitales europeos instalado en Virasoro, Corrientes, en 2023. Su CEO, Nicolás Crisp, detalla que llevar un contenedor al puerto de Buenos Aires por barcaza cuesta alrededor de 2.600 dólares, frente a unos 1.800 dólares si se envía por camión; en Brasil ese mismo contenedor oscila entre 300 y 600 dólares. Crisp subraya que, en Corrientes, la ganancia de tiempo y productividad no compensa estos costos, que dejan a la empresa fuera del mercado. Asegura que la región comparte esa pelea: hay un empuje local para que el Congreso habilite cambios en la normativa que permita competir con barcazas de otros países, especialmente Paraguay, para contener precios y plazos.
Para la administración de orientación liberal, el desafío no es sólo interno, sino legislativo. Las propuestas destinadas a aliviar el peso de costos industriales se encuentran estancadas en el Congreso. El episodio conocido como el affaire Adorni agotó parte del capital político y, hoy, las conversaciones con aliados siguen sin encauzarse de forma definitiva.
En la agenda oficial de estos días, la prioridad es mostrar —a nivel interno y ante el Fondo Monetario Internacional— que es factible sacar adelante el presupuesto 2027, además de impulsar una ley para endurecer sanciones a empresas que operen en las Islas Malvinas. A diferencia de la gestión previa, el presupuesto 2026, esta vez no se presentó la versión 2027 ante el recinto ni hubo transmisión televisiva nacional. El marco de Malvinas pesa más que la economía en este momento, en un contexto en el que el propio texto contenía modificaciones polémicas, por ejemplo en las prestaciones por discapacidad y en la Asignación Universal por Hijo (AUH), cambios que, incluso, figuras como la senadora Patricia Bullrich admitieron no conocer de antemano.
El terreno fiscal sigue siendo una línea de acción obsesiva para la administración. Se anticipa que septiembre y octubre serán periodos con movimientos decisivos en ese frente, mientras persisten las tensiones entre economía real y objetivos políticos.
