En un contexto donde la eficiencia y la competitividad ocupan la escena, persisten problemas estructurales como la falta de infraestructura, la alta carga impositiva y el costo laboral elevado. Aunque hay mayor estabilidad macroeconómica, eso no alcanza para compensar estas fallas históricas. En las últimas semanas volvió a emerger el debate sobre la brecha cambiaria frente a los costos en pesos, una palanca muy sensible para sectores que deben sortear costos para competir; no obstante, el Gobierno no planea activar esa vía.
Nicolás Crisp, CEO de Acon Timber —el aserradero de capital europeo más grande del país, con sede en Virasoro (Corrientes) desde 2023— ilustra la magnitud del reto: enviar un contenedor al puerto de Buenos Aires por barcaza cuesta US$2.600, frente a US$1.800 por camión; en Brasil, ese mismo contenedor oscila entre US$300 y US$600. En Corrientes, el bosque tarda 15 años en crecer, frente a 30 en Europa, pero esos costos están dejando a la empresa fuera del mercado. Crisp advierte que la solución pasa por permitir barcazas de otros países, especialmente Paraguay, para competir y bajar precios; este es solo un ejemplo entre varios en la región.
Para la administración de línea libertaria, el escollo no es menor: las iniciativas en el Congreso que podrían ayudar a actividades industriales al límite están frenadas. El episodio Adorni dejó heridas en las relaciones con aliados y, con el marco electoral vigente, las conversaciones no encuentran encaje.
En este tramo, todos los esfuerzos se concentran en demostrar, tanto a nivel interno como ante el Fondo Monetario Internacional, que es posible aprobar el presupuesto 2027 y avanzar con la ley para endurecer las sanciones a las empresas que operen en las Islas Malvinas. A diferencia del proceso con el presupuesto 2026, el equipo presidencial no presentó el proyecto en el recinto ni hubo cadena nacional. El tema malvinero pesa más que la economía. Además, el presupuesto contemplaba cambios en prestaciones por discapacidad y en la Asignación Universal por Hijo (AUH), modificaciones que ni la propia senadora Patricia Bullrich aseguró conocer de antemano.
El terreno fiscal continúa siendo un eje de obsesión para la gestión y se esperan septiembre y octubre como meses de alta intensidad en esa agenda. En medio de un escenario electoral, la prioridad oficial es sostener la disciplina fiscal mientras se buscan espacios en el Congreso para avanzar con medidas que alivien a la industria sin desbordar el plan de estabilización.
