El conflicto entre el Estado argentino y Burford Capital, ligado a la estatización de YPF en 2012, dio un nuevo paso al ingresar al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), instancia dependiente del Banco Mundial que ha sido escenario de múltiples disputas entre Argentina y inversionistas en las últimas dos décadas.
La controversia se originó cuando Burford financió a acreedores de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora —empresas vinculadas a la familia Eskenazi— y ahora reclama compensaciones ante el CIADI por daños supuestamente causados durante la estatización del 51% de YPF. Aunque este año Argentina obtuvo una victoria en un tribunal de segunda instancia en Nueva York, que evitó el pago de 16.100 millones de dólares en intereses, Burford continúa su vía internacional con la vista puesta en una resolución futura.
Desde la llegada del caso al CIADI, quienes impulsan la demanda buscan obtener reparación económica en un plazo que podría extenderse durante años. En este contexto, Axel Kicillof —exministro de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires desde 2019 y precandidato presidencial para 2027— fue consultado por Clarín en La Plata sobre el tema.
Kicillof afirmó que Burford ya había advertido previamente sobre su intención de acudir al CIADI y comentó que, tras fallos relevantes en tribunales estadounidenses, ese tribunal internacional tiende a favorecer a actores privados. Además, señaló que la cesión de jurisdicción a instancias internacionales genera preocupaciones para la Argentina, especialmente en debates sobre el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Según el gobernador, estas herramientas pueden dejar al país en una posición de debilidad frente a litigios que involucren derechos de propiedad.
El RIGI, sancionado hace dos años, busca atraer inversiones mediante garantías y un marco de seguridad jurídica. A la fecha, el régimen acumula casi 50 proyectos por un monto cercano a los 210.000 millones de dólares, de los cuales 23 ya cuentan con aprobación por aproximadamente 50.000 millones.
En paralelo al desarrollo del caso ante el CIADI, investigaciones de Radio Con Vos y El Diario Ar revelaron que uno de los despachos jurídicos patrocinantes de la demanda contra el Estado es Three Crowns, con oficinas en Londres, Washington y Madrid, cuyo socio en Argentina es Agustín García Sanz.
