El proceso en curso contra el Estado argentino, que permitió al fondo Burford Capital financiar a acreedores de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora —sociedades vinculadas a la familia Eskenazi— por una supuesta violación del estatuto de YPF durante la estatización del 51% de la petrolera, llegó esta semana al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. A lo largo de los últimos 25 años, Argentina acumuló antecedentes de litigios internacionales, incluyendo defaults de deuda y el incumplimiento de contratos de concesión de servicios privatizados, con posteriores pagos millonarios en indemnizaciones.
Este año, el país obtuvo un fallo favourable en una instancia de segunda fila en Nueva York en el caso YPF, lo que evitó desembolsos adicionales de 16.100 millones de dólares en intereses. No obstante, Burford, en calidad de financiador de los demandantes, llevó la disputa al CIADI para buscar una compensación en el mediano o largo plazo.
Axel Kicillof, figura clave en la estatización de YPF en 2012 y hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, apareció como quien dirigió la pregunta sobre la llegada del expediente al CIADI. Según su visión, Burford ya había advertido que recurriría a tribunales internacionales y, pese a que el fallo norteamericano fue contundente, el CIADI es percibido como un foro que suele inclinarse hacia intereses privados. Aun así, sostuvo que el caso en curso permanece confidencial tras el veredicto en Estados Unidos.
Sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el gobernador dijo que, más allá de la inversión, su finalidad es otorgar seguridad jurídica a los inversores para evitar litigios en tribunales locales y litigar en el extranjero. En los dos años desde su sanción en el Congreso, el RIGI sumó casi 50 proyectos por aproximadamente 210.000 millones de dólares en inversión, de los cuales 23 fueron autorizados por un total de 50.000 millones.
En paralelo, fuentes vinculadas a la cobertura periodística de Radio Con Vos y El Diario Ar indicaron que uno de los estudios jurídicos que patrocina la demanda contra el Estado es Three Crowns, con sedes en Londres, Washington y Madrid, y que su socio argentino es Agustín García Sanz.
