El Ejecutivo llevó al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, en el que figure una batería de incentivos fiscales para las privatizaciones de rutas nacionales a cambio de que las provincias adopten exenciones similares en Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos. La medida aparece plasmada en el artículo 67 del texto de ley que el Gobierno envió este martes al Parlamento, una iniciativa que ya había sido adelantada por el ministro de Economía, Luis Caputo.
Caputo había indicado previamente que “todas las inversiones nuevas en rutas deberían quedar exentas de impuestos en todos los niveles —nacional, provincial y municipal— para incentivar el desarrollo, abaratar costos y agilizar el proceso”. En ese marco, se plantea que toda nueva concesión de obra pública para la construcción de rutas nacionales, autorizada a partir de la sanción de la ley o de la ampliación de concesiones existentes, podría dejar de pagar el Impuesto al Cheque (Impuesto sobre Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias) y, a su vez, podría computarse ese componente a cuenta de tributos como Ganancias, IVA y las contribuciones patronales.
El Gobierno también propondría emitir certificados de crédito fiscal del IVA por el monto de las operaciones asociadas a la construcción y mantenimiento de las rutas, y facilitar una amortización acelerada de las inversiones para reducir la carga del Impuesto a las Ganancias. Como contrapartida de la cesión de recursos nacionales, la administración central exige a las provincias que adopten exenciones en Ingresos Brutos y en Sellos.
Esos beneficios no figuran dentro del análisis de gasto tributario ni del costo fiscal propio de las exenciones contempladas para empresas adheridas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en el Presupuesto 2027.
En los últimos meses, tras las primeras licitaciones para la privatización de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, el Gobierno prevé continuar con procesos por otros 12.000 kilómetros en el corto plazo. A nivel nacional, la red de rutas suma aproximadamente 40.000 kilómetros y se considera clave para el acceso a zonas productivas como el campo, Vaca Muerta y otros polos mineros y de desarrollo.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señaló que el proyecto de presupuesto consolida un esquema de obra pública iniciado en 2024, basado en reducir la participación directa del Estado, transferir proyectos a provincias y municipios y aumentar la participación del sector privado.
Entre 2.339 obras, 1.683 fueron canceladas o entraron en procesos de rescisión, 457 fueron transferidas o están en trámite de transferencia y 199 permanecen bajo gestión de Nación. Medido en pesos constantes de 2027, el gasto de capital para infraestructura cayó de unos 18,4 billones en 2023 a 5,1 billones en 2024, y se mantiene en niveles inferiores desde entonces.
