El canciller Pablo Quirno indicó en una entrevista con Infobae que Argentina presentó un arbitraje con el objetivo de frenar el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, y que también evalúa solicitar medidas urgentes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) si Londres no suspende sus operaciones.
Este anuncio se produjo luego de que el Gobierno denuncie vuelos no autorizados entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, supuestamente operados por Thales UK Limited, y decidiera iniciar procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas vinculadas a ese hecho.
Durante el encuentro con el equipo de Infobae, Quirno vinculó estas acciones con el plan del presidente Javier Milei para cuestionar las licencias británicas en el archipiélago, calificando la decisión como un avance dentro de la estrategia anunciada semanas atrás.
La autoridad argentina mencionó una intimación dirigida a Londres que exige la suspensión, en un plazo de 14 días, de las actividades orientadas a poner en marcha Sea Lion. Según la postura argentina, el proyecto se desarrolla sobre recursos cuya explotación no puede avanzar de forma unilateral mientras persista la disputa de soberanía.
Además, Quirno afirmó que el Gobierno presentó un proyecto de Ley de Soberanía Nacional y busca ampliar el efecto disuasorio de las sanciones actuales para las empresas operando con permisos otorgados por el Reino Unido. El objetivo es hacer valer los derechos frente a decisiones unilaterales británicas.
El canciller explicó que la ruta hacia un tribunal internacional forma parte de los mecanismos previstos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y que, si el Reino Unido no detiene la explotación, Argentina avanzará con medidas provisionales ante ITLOS para frenar la situación.
Quirno insistió en que este procedimiento representa un precedente distinto a las actuaciones anteriores de Argentina ante instancias internacionales —como las relacionadas con la fragata Libertad, Laguna del Desierto y el canal Beagle—, ya que es la primera vez que se somete la cuestión de la explotación hidrocarburífera en Malvinas a un tribunal internacional.
La Casa Rosada sostiene que las actividades proyectadas en Sea Lion vulneran resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de la ONU: la primera reconoce la disputa de soberanía, y la segunda exhorta a evitar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras persista el diferendo. También se invoca la Convemar. Según un comunicado oficial, los yacimientos del proyecto se ubican a unos 220 kilómetros al norte de las islas, dentro de la plataforma continental correspondiente.
