La provincia de Tierra del Fuego presentó un escrito ante la justicia federal de Río Grande, gestionado por la Fiscalía de Estado, para exigir la suspensión del proyecto León Marino, que llevan a cabo las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development en las islas Malvinas. El argumento central es que la operación podría generar daños ambientales y, por ello, debe respetar el fallo judicial que ordenó detener los trabajos.
En su argumentación, la provincia subraya que el riesgo asociado a León Marino no se circunscribe a una disputa de soberanía sino que abarca posibles daños a terceros países, responsabilidades ambientales, costos contingentes y efectos sobre recursos naturales que son compartidos o están conectados con la región. Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, ratifica así la postura histórica de defensa de las Malvinas y se suma a la línea adoptada por el gobierno nacional de Javier Milei.
Al mismo tiempo, el gobierno argentino señaló penalmente a Rockhopper y Navitas, y ha llevado la defensa de la soberanía ante foros internacionales, incluida la ONU. Además, anunció que, de no frenarse la exploración en el plazo de dos semanas, llevará el caso ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
La medida cautelar fue dictada hace dos semanas por la jueza federal Mariel Borruto, de Río Grande, a partir de un planteo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) y de la Asociación Argentina de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). Estas organizaciones argumentaron que las firmas no contaban con los estudios de impacto ambiental necesarios para avanzar. En respuesta, el Gobierno nacional informó que, a la fecha, las empresas no habían iniciado ese proceso.
La magistrada exigió que, dentro de 10 días, las compañías presentaran una batería de informes. La resolución está en proceso de notificación y, dado que las compañías operan principalmente desde sedes en el extranjero, persisten dudas sobre su capacidad o voluntad de cumplir, tal como ocurrió en otras causas.
Luego del anuncio de sanciones por parte de Milei, Rockhopper y Navitas afirmaron que continuarían con el proyecto, alegando contar con respaldo del Reino Unido y de las autoridades de las islas, en un gesto que, desde Argentina, se interpretó como una negación de la soberanía argentina.
La jueza Borruto también dio intervención a Tierra del Fuego, que a través del fiscal de Estado Virgilio Juan Martínez de Sucre se presentó en el expediente. El escrito provincial concluye que el avance de León Marino no debe ocurrir sin la revisión de sus estudios, evaluación de riesgos y la adopción de medidas de mitigación adecuadas.
