El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 incluye un paquete de incentivos para la privatización de la red de rutas nacionales, con el objetivo de facilitar nuevas inversiones en obra vial. La medida figura en el artículo 67 del texto enviado al Congreso y había sido adelantada días atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Caputo había explicado que las inversiones nuevas en rutas podrían estar exentas de tributos en todos los niveles: nacional, provincial y municipal, para favorecer el desarrollo y acelerar la ejecución de los proyectos. En la versión presentada, toda nueva concesión de obra pública para la construcción de rutas nacionales que se firme tras la sanción de la ley o la ampliación de concesiones existentes podría no pagar el Impuesto al Cheque y, además, podría computarse a cuenta de otros impuestos como Ganancias, IVA y contribuciones patronales.

Otro punto central es la posibilidad de que el Estado emita certificados de crédito fiscal de IVA por el monto de las operaciones vinculadas a la construcción y el mantenimiento de las rutas. También se contempla la amortización acelerada de las inversiones para reducir la carga del Impuesto a las Ganancias.

A cambio de la cesión de recursos nacionales, el Gobierno dispone que las provincias adopten exenciones en Ingresos Brutos y en el Impuesto de Sellos. Estos beneficios quedarán fuera del cálculo de gasto tributario del Presupuesto 2027 y no se incluirán dentro de los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Tras las primeras licitaciones para privatizar 9.000 km de rutas nacionales, el Gobierno proyecta continuar en los próximos meses con otros procesos por 12.000 km adicionales. En conjunto, la red de rutas nacionales suma unos 40.000 km; su viabilidad es clave para el acceso al campo, a Vaca Muerta, la minería y otros polos productivos estratégicos.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sostiene que el Presupuesto 2027 consolida el esquema de obra pública iniciado en 2024, con menor participación directa del Estado, traslado de proyectos a provincias y municipios, y mayor peso del sector privado. Entre 2.339 obras, 1.683 fueron canceladas o están en rescisión, 457 transferidas o en proceso de transferencia, y solo 199 siguen bajo gestión directa de Nación.

Según datos respaldados por el informe, medido en pesos constantes de 2027, el gasto de capital para infraestructura cayó desde aproximadamente $18,4 billones en 2023 a $5,1 billones en 2024, reflejando una tendencia a la baja sostenida en ese periodo.