La Oficina del Presidente comunicó este jueves 9 de septiembre que avanzará con nuevas denuncias penales dirigidas a firmas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, y también contra personas que ocuparon cargos decisivos en esas operaciones. El anuncio enfatiza que las acciones no se limitarán a las personas jurídicas, sino que incluirán a directores, gerentes, administradores, representantes y otros actores que participaron en las decisiones relevantes.
Según las fuentes con conocimiento de la operación legal citadas por Infobae, las nuevas denuncias afectarán a cinco sociedades: Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited. El marco jurídico que sustenta estas medidas es la Ley N.º 26.659, la cual se menciona en el comunicado oficial como base para imputar responsabilidades por presuntas violaciones a sus prohibiciones en relación con actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental.
El texto oficial detalla que las denuncias buscarán individualizar a personas físicas involucradas en las decisiones asociadas a las operaciones en investigación. Entre los actores buscados se mencionan directores, gerentes, administradores y representantes de las compañías, junto con otros partícipes que hubieran intervenido en ese tipo de definiciones. No se dieron a conocer nombres de directivos o representantes que quedarían bajo sospecha, pero sí se aclaró que las acciones apuntarán a responsabilizar a quienes, desde sus cargos, participaran en los hechos ilícitos que el Ejecutivo caracteriza como ilícitos.
El gobierno señaló que las denuncias podrían avanzar por dos vías: la ampliación de expedientes ya existentes o la apertura de causas nuevas. Sin embargo, no se detallaron los tribunales ante los que se presentarían las denuncias ni las fechas previstas para cada trámite.
La Casa Rosada sostuvo que el Estado Nacional continuará tomando medidas para responsabilizar a personas jurídicas y físicas vinculadas a las actividades cuestionadas. En ese marco, reiteró que la política oficial busca impedir acciones que, a juicio del Gobierno, vulneran los derechos soberanos de la República Argentina. En ese sentido, el comunicado indicó que las medidas no se limitarán a firmas comerciales: también incluirán a quienes ocuparon cargos relevantes dentro de esas estructuras societarias.
