El Ejecutivo presentó ante el Congreso el proyecto de ley de Presupuesto para 2027, que incluye en su artículo 67 una batería de medidas para favorecer las privatizaciones de la red de rutas nacionales. La iniciativa ya había sido adelantada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo que las inversiones nuevas en carreteras podrían gozar de cero impuestos en todos los niveles, con el objetivo de estimular el desarrollo y abaratar costos.
Las medidas buscan que toda nueva concesión de obra pública para construcción de rutas nacionales firmada a partir de la sanción de la ley de Presupuesto o de la ampliación de concesiones existentes esté exenta del Impuesto al Cheque (Impuesto sobre Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operaciones). Además, la normativa permitiría compensar ese ahorro fiscal contra otros tributos como Ganancias, IVA y contribuciones patronales.
En el paquete también se plantea que el Estado Nacional emita certificados de crédito fiscal por el IVA incluido en las operaciones de construcción y mantenimiento de rutas, y que se otorguen mecanismos de amortización acelerada de inversiones para reducir la carga del Impuesto a las Ganancias.
Como contrapartida, el Gobierno dejó claro que la cesión de recursos nacionales está condicionada a que las provincias adopten exenciones en Ingresos Brutos y en el Impuesto de Sellos.
Estos beneficios no quedaron computados dentro del gasto fiscal del Presupuesto 2027, y tampoco formaron parte de los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
En cuanto al calendario de privatizaciones, tras las primeras licitaciones para la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, se espera avanzar en los próximos meses con otros procesos que totalizarán 12.000 kilómetros adicionales. Hoy, la red de rutas nacionales alcanza unos 40.000 kilómetros y se considera estratégica para el acceso a zonas productivas como el campo, Vaca Muerta y otros polos mineros.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) cuestionó que el presupuesto consolide un esquema de obra pública iniciado en 2024, con menor participación directa del Estado, mayor transferencia de proyectos a provincias y municipios, y una mayor penetración del sector privado.
En un balance de la cartera de obras, se observa que de 2.339 proyectos, 1.683 fueron dados de baja o están en proceso de rescisión, 457 fueron transferidos o están en proceso de transferencia, y solo 199 quedaron bajo gestión directa de Nación. En términos de gasto de capital para infraestructura, medido en pesos constantes de 2027, se registra una caída de ~$18,4 billones en 2023 a $5,1 billones en 2024, con la tendencia actual de mantenimiento.
Organismos y especialistas señalan que el incremento de la participación privada en la obra pública responde a una reconfiguración del rol del Estado en infraestructura, pero advierten sobre los costos y las condiciones para que las provincias adopten las exenciones fiscales requeridas.
