La Ley de Discapacidad vuelve a generar roces entre el oficialismo y sus socios. Un grupo de diputados pidió eliminar del proyecto de Presupuesto 2027 el artículo que deroga la emergencia y sustituirlo por una versión que detalle el financiamiento de la normativa, tal como figura en el dictamen de comisión que se firmó esta semana.

La controversia se sostuvo por la falta de una aprobación pública del Ministerio de Economía, lo que sembró dudas entre las fuerzas dialoguistas. En ese marco, los diputados Oscar Herrera Ahuad, Oscar Zago, Eduardo Falcone y Álvaro González pidieron formalmente al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, que informe con urgencia el monto de las partidas necesarias para cumplir con el proyecto.

Dentro del oficialismo hay malhumor por el tema presupuestario y se reclamó desde el Palacio de Hacienda una respuesta sobre el financiamiento, o si están dispuestos a dejar que la iniciativa siga su curso y generar un frente de rechazo por parte de la alianza K y la oposición más dura, similar a lo ocurrido el año pasado cuando se avanzó con la emergencia.

Los protagonistas hablan de una nueva interna dentro del Gobierno. Se menciona que el ministro Luis “Toto” Caputo no habría respaldado la maniobra de Martín Menem para bloquear el avance de la jugada de los Kirchner y de la oposición que empuja a prorrogar la emergencia que vence el 31 de diciembre, con la expectativa de revertir la derrota en la comisión en el recinto.

Sin embargo, Caputo cuenta con el apoyo no solo de diputados oficialistas sino también del PRO, la UCR y aliados para impulsar el dictamen firmado esta semana, y hay coincidente la postura de que el Capítulo VI del proyecto, que propone derogar los puntos principales de la emergencia en discapacidad, es invotable.

Además, se desliza que Patricia Bullrich no pondría trabas en el Senado para que la propuesta avance hacia la sanción, sobre todo tras no haber sido advertida sobre el recorte planteado por Caputo en discapacidad.

Desde Diputados se planteó una salida alternativa con el menor costo posible, mientras los aliados exigen un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso para definir el costo fiscal de la nueva ley. En el oficialismo, por su parte, ajustan los últimos detalles del financiamiento con la idea de garantizar que la norma no termine vetada por Milei.

En principio, admitieron que, para la redacción del dictamen, hubo cifras genéricas, ya que el Presupuesto 2027 aún no avanzó en la Cámara baja; no obstante, sostienen que las partidas están contempladas en el marco presupuestario. El panorama revela una nueva batalla interna sobre cómo y cuánto dinero estará disponible para cumplir la normativa de discapacidad.