El proceso por la reestatización de YPF, que comenzó hace más de una década en tribunales estadounidenses, sumó un nuevo episodio cuando Burford Capital, en representación de Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park, presentó formalmente ante la Corte Suprema de los Estados Unidos un writ of certiorari para revisar la decisión.
La confirmación vino del Gobierno argentino. La Procuración del Tesoro ratificó que los demandantes ya habían adelantado su intención de acudir al máximo tribunal de EE. UU., luego de que les fuera negada la revisión en banc en el Segundo Circuito de Nueva York.
Ayer, día en que vencía el plazo para presentar el recurso, Burford ingresó la solicitud a última hora, según fuentes de la defensa argentina.
Desde la Procuración señalaron que ya se contemplaba este escenario y que se trabaja en la estrategia para defender los intereses del Estado “con uñas y dientes”, sin importar el desenlace del proceso.
En paralelo, el marco judicial estadounidense señala que la apelación ante la Corte Suprema no garantiza que el caso vaya a ser revisado, sino que la Corte tiene la potestad de decidir si acepta o no estudiar la revisión.
Las probabilidades no favorecen necesariamente a Burford: la Corte Suprema recibe entre 7.000 y 8.000 solicitudes de revisión por periodo de sesiones, y sólo una fracción —no más de unas pocas decenas— es admitida para ser analizada. Además, no existen plazos fijos para que la Corte se manifieste sobre la aceptación o el rechazo de la petición.
Mientras avanza este canal, Burford activó una estrategia paralela: notificó al Estado argentino que llevará el caso YPF al Ciadi, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Este movimiento se ampara en un tratado bilateral de inversiones que Argentina firmó con España en 1991, mediante el cual se concede al Ciadi la competencia para dirimir disputas entre investidores y el Estado.
Con este doble camino, la disputa por la expropiación de YPF continúa, manteniendo abiertos dos frentes legales de alta complejidad y con impactos potenciales en las finanzas públicas argentinas.
