Los jueces de la Corte Suprema ya cuentan con el protocolo que les encomendó confeccionar el Cuerpo Médico Forense (CMF). Este documento apunta a evaluar el estado de salud de los internos penitenciarios y a delinear las posibilidades de tratamiento en los establecimientos donde permanecen alojados, con miras a eventual domiciliaria para algunos de ellos.
El 21 de agosto pasado, la Corte firmó la acordada 21/2026, mediante la cual pidió al decano del CMF que, en un plazo de 30 días corridos, redactara un “protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en los establecimientos en que se encuentran alojados”. Entre los puntos solicitados figuró verificar si el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende de la ministra Alejandra Monteoliva, tenía condiciones para brindar tratamiento a determinados internos.
Según lo informado por este diario, el SPF señaló que en varios casos de lesa humanidad no podía alojar a adultos mayores. Uno de los casos mencionados fue el de Juan Daniel Amelong, a quien se ha descrito en distintos debates políticos sin que ello incida en el contexto jurídico. La Corte confirmó que el protocolo ya fue presentado por el CMF para la consideración de los ministros y que “está a estudio”.
En el Palacio de Talcahuano, dirigentes afirman que Horacio Rosatti impulsó el tema desde marzo de este año, poco tiempo antes de que se conmemoraran los 50 años del último golpe de Estado y en medio de rumores sobre una posible maniobra oficial para favorecer a detenidos por crímenes graves. En esa línea, el protocolo está bajo revisión de Rosatti y de Carlos Rosenkrantz, mientras que Ricardo Lorenzetti habría decidido no acompañar la iniciativa esta vez.
De acuerdo con la acordada 21, la Corte debería aprobar el protocolo, publicarlo y difundirlo entre todos los tribunales penales del país, la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
El tono de la discutida inicial, marcado por un supuesto apresuramiento el 21 de agosto, parece haber cambiado frente a la oleada de decisiones de las últimas semanas: entre la derogación de la Ley de Tierras y la revocación de un fallo de la Cámara Federal de La Plata, hasta la inclusión de una cautelar interina a la Asociación Árbol de Pie, anunciada el 29 de septiembre y luego corregida.
El protocolo encontró algún respaldo en sectores pro-defensa de derechos, como el Foro Argentino de Defensa, que sostuvo que podría tener efectos relevantes para los represores detenidos. En contraste, La Nación acercó la lectura de un protocolo enfocado directamente en militares detenidos por crímenes de la última dictadura. Por su parte, la Red Nacional de HIJ.O.S. advirtió sobre los alcances de la acordada y su posible impacto en causas de lesa humanidad.
