La Administración Central estima que, durante 2027, 23,2 millones de personas recibirán apoyo mensualmente, lo que implica una disminución de 27.800 beneficiarios respecto al pronóstico para 2026. En términos de alcance poblacional, se espera cubrir el 47,8% del total, frente al 48,4% previsto para este año y al 51,1% que registraban los gobiernos anteriores.
Estos números forman parte del mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña al proyecto de Ley de Presupuesto y que detalla cómo la Función Seguridad Social concentrará la mayor parte del gasto de la Administración Nacional: 67,7% del gasto primario total, un incremento superior a 13 puntos porcentuales frente a 2023, y 58,9% del gasto total de la Administración Central.
Entre las prestaciones incluidas se cuentan las pensiones, las asignaciones familiares, las pensiones por invalidez, el seguro de desempleo, la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH), la Asignación por Embarazo y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
El texto oficial subraya que la Seguridad Social funciona como un instrumento clave de redistribución, que busca equilibrar recursos entre sectores con distintas capacidades de ingreso: combina cobertura para quienes más lo necesitan con la devolución de aportes a quienes contribuyeron durante su vida laboral.
En la comunicación enviada al Congreso el 15 de septiembre, el Ejecutivo destaca las prioridades de la política presupuestaria: continuar reduciendo la inflación, sostener condiciones de estabilidad para el sector privado y mantener un sendero de recuperación económica. Se reafirma que el equilibrio fiscal seguirá siendo el ancla, junto con políticas orientadas a contener la vulnerabilidad social y a revalorizar el trabajo como eje organizador de la sociedad.
Sobre el Programa de Acompañamiento Social, la Resolución 90/2026 del Ministerio de Capital Humano (a cargo de Sandra Pettovello) extiende su vigencia hasta abril de 2028. Su objetivo es promover la inclusión y el bienestar familiar para lograr autonomía a través del desarrollo de capacidades, mediante transferencias directas a titulares mayores de 50 años y a madres de cuatro o más hijos menores de 18 años en situación de vulnerabilidad. En 2026 alcanzó a más de 195.000 beneficiarios.
El documento también señala cambios en la visión de la política social, con avances de reconversión a través del Programa Formando Capital Humano, que avanza en la transformación gradual de cerca de 900.000 planes sociales hacia esquemas condicionados a formación y empleo formal. Para 2027, se proyecta continuar esta transición, orientada a fortalecer la inserción laboral y la sostenibilidad de las políticas de contención social.
