El expediente por la reestatización de YPF, que lleva más de una década en litigio en tribunales estadounidenses, sumó un nuevo capítulo: Burford Capital, que actúa en representación de Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park, presentó ayer ante la Corte Suprema de los Estados Unidos una solicitud formal de certiorari para que el máximo tribunal revise la decisión previa.
La acción fue confirmada oficialmente por la administración argentina. La Procuración del Tesoro explicó que los demandantes ya habían anticipado su interés en acudir a la Corte Suprema, tras no obtener la revisión en banc en la Segunda Circunscripción del Circuito de Nueva York.
El escrito llegó justo ayer, día límite para presentar el recurso conforme a la orden judicial, según indicaron fuentes de la cartera que coordina la defensa del país en el exterior. En ese marco, enfatizaron que ya trabajan en la estrategia y que defenderán los intereses del Estado “con uñas y dientes”, sin ceder ante la presión del caso.
La apelación ante la Corte Suprema, conocida en EE. UU. como certiorari, representa el último intento de los demandantes por revertir un fallo de marzo que dejó abierta la posibilidad de que Argentina deba pagar más de US$16.000 millones después de la expropiación de YPF.
En la práctica, la solicitud de certiorari no garantiza que la Corte acepte revisar el caso; la Corte tiene discreción para decidir si toma la causa. En promedio, entre 7.000 y 8.000 solicitudes llegan por periodo de sesiones, y apenas se analizan alrededor de 80.
Paralelamente a la vía ante la Corte, Burford activó una estrategia alternativa: notificó al Estado argentino que transferirá el caso YPF al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). De este modo, el fondo recurrió a un tratado bilateral de inversiones suscrito entre Argentina y España en 1991 para dirimir la controversia mediante arbitraje internacional.
