El juez federal Martín Cormick, al frente del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, volvió a exigir al Gobierno Nacional que, en un plazo de cinco días, ejecute la medida cautelar que ordena la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas y la recomposición de los programas de becas estudiantiles previstos en la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795).
La decisión se conoció luego de que la Administración presentara un recurso para cuestionar la intimación previa y sostuviera que ya habría cumplido con las obligaciones judiciales. Cormick ratificó el criterio que había adoptado el 22 de septiembre y reiteró la obligación del Estado de ejecutar la cautelar dentro del plazo indicado, bajo apercibimiento de astreintes —sanciones económicas en caso de incumplimiento.
En su resolución, el magistrado precisó los fundamentos y detalló cuáles son los puntos que, a su criterio, el Ejecutivo aún no habría acreditado haber cumplido. La medida alcanza los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795: el primero ordena la actualización salarial de docentes y no docentes desde diciembre de 2023, y el segundo dispone la recomposición de los programas de becas para estudiantes.
En cuanto al primer punto, Cormick reconoció que el Gobierno presentó documentación relacionada con convocatorias a paritarias y con la efectivización de órdenes de pago. Sin embargo, afirmó que esos elementos permitirían acreditar solo un cumplimiento parcial de la cautelar, ya que no se demuestra que los aumentos se calcularon conforme al mecanismo previsto por la ley y las variables de ajuste que establece la norma.
Para fundamentar su postura, el juez empleó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (INDEC) y señaló que la inflación acumulada entre el 1 de diciembre de 2023 y junio de 2026 —cuando la cautelar quedó firme— fue del 312,19%. Señaló también que, con las respuestas presentadas por la parte demandada, no consta que ese aumento haya sido efectivamente alcanzado.
El Gobierno había sostenido una lectura diferente ante la Justicia, asegurando haber aplicado un incremento salarial acumulado del 226,8% desde diciembre de 2023, por encima de la inflación del periodo, y que además se reabrieron las paritarias con una propuesta adicional del 3%.
Cormick también cuestionó que la intimación anterior no especificara con claridad qué obligación quedaba pendiente y, en esa línea, pidió que se mantenga vigente la medida para asegurar el cumplimiento efectivo.
