En las últimas semanas quedó claro que la realidad económica no acompaña a la narrativa oficial, que busca matizar las malas noticias o responsabilizar a analistas y medios por una supuesta “ondulación” de los datos. El choque entre la lectura oficial y la experiencia cotidiana de buena parte de la población se hizo más visible con una batería de indicadores que se suceden sin alivios.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la pobreza alcanzó el 32,3% de la población durante el primer semestre de este año, un incremento respecto del semestre anterior. En paralelo, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró una caída de 2,9% en julio, y los analistas advierten sobre el riesgo de entrar en recesión técnica. La producción industrial registró una contracción interanual de 4,2% en agosto, según la última medición de la firma FIEL, mientras que las ventas en supermercados y el consumo masivo permanecen débiles. A nivel laboral, los salarios privados registrados siguen por debajo de los valores que tenían en noviembre de 2023.
En medio de ese escenario, el presidente Javier Milei sostuvo que no hay recesión, en una entrevista de domingo con Luis Majul para LN+, y atribuyó la situación a una desaceleración en el ritmo de expansión. Afirmó que la Argentina se ubica en niveles máximos de producción, consumo y exportaciones, una lectura que contrastó con el ánimo general. “Los indicadores varían porque la economía está atravesando cambios estructurales”, argumentó.
Sobre las expectativas, el informe Social Mood III Trimestre 2026, elaborado por la consultora Moiguer, indica que el 41% de los argentinos cree que la situación empeorará en los próximos 12 meses, frente al 38% que piensa que mejorará. Es la primera vez desde el inicio de la recuperación de expectativas tras la llegada de Milei al poder en que los pesimistas superan a los optimistas. En 2023, el porcentaje que esperaba una mejora se ubicaba en 52% durante el primer semestre de 2024; a partir del segundo semestre de 2024, esa confianza se estancó en torno al 38-39%.
El Gobierno, por su parte, insiste en mostrar logros macroeconómicos que, en teoría, deberían sostener el optimismo: la inflación habría desacelerado de forma relevante, el superávit fiscal se mantiene y la estabilidad macroeconómica se percibe como mayor que al inicio de la gestión. Sin embargo, esa lectura parece perder fuerza en el terreno político y en la percepción ciudadana, donde las señales económicas no se traducen aún en sensación de mejoría para una parte significativa de la población.
