El proceso por la reestatización de YPF suma un nuevo capítulo. Ayer, Burford Capital, que litiga en representación de Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park, presentó formalmente ante la Corte Suprema de Estados Unidos su writ de certiorari con el objetivo de que el máximo tribunal revise la decisión que dejó intacta la condena y que podría obligar a Argentina a pagar más de US$16.000 millones.
La presentación fue confirmada por la Procuración del Tesoro, que recordó que los demandantes ya habían adelantado su intención de recurrir al Supremo tras el rechazo de la revisión en banc en el Segundo Circuito de Nueva York. En la defensa argentina destacaron que ya se está trabajando en la estrategia y que, pase lo que pase, la defensa del Estado continuará “con uñas y dientes”.
La apelación ante la Corte Suprema llegó en una fecha clave: ayer vencía el plazo establecido para presentar este tipo de recursos. A mediados de agosto, la Corte había extendido ese plazo para permitir que Burford presentara el escrito, y las fuentes señalaron que la presentación se hizo a última hora.
Conviene recordar que un certiorari no garantiza que la Corte vaya a aceptar la revisión; la decisión de admitir o desechar la causa es discrecional. En términos estadísticos, entre 7.000 y 8.000 solicitudes llegan por periodo de sesiones y apenas unas 80 quedan para ser analizadas, lo que explica la gran incertidumbre temporal: no existe un plazo fijo para que la Corte se pronuncie.
En paralelo a la vía judicial en Estados Unidos, Burford activó una vía internacional. La firma notificó al Estado argentino su intención de llevar el caso de YPF al Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), dentro de su estrategia de presionar por una resolución fuera de los tribunales estadounidenses. Para ello, invocará un tratado bilateral de inversiones firmado entre Argentina y España en 1991, ampliando así el alcance del conflicto y las opciones de resolución.
