La disputa por la expropiación de Aerolíneas Argentinas sumó un nuevo capítulo en el plano internacional, tras la ratificación en Estados Unidos del laudo del CIADI por más de US$390 millones, más intereses. En paralelo, el Gobierno argentino anunció por primera vez en el Presupuesto 2027 una reserva explícita de US$1.100 millones para hacer frente a pagos de sentencias firmes ante ese tribunal del Banco Mundial u otros arbitrajes internacionales.

Según informó TN, un tribunal del distrito de Columbia autorizó al Titan Consortium, fondo litigi para este caso, a localizar activos argentinos en el exterior y a solicitar embargos para cobrar la sentencia, de más de US$390 millones, tal como había ordenado el CIADI hace casi una década. Aunque el proceso no es inmediato y la defensa puede apelar la decisión o presentar medidas para intentar revertirla, la resolución sienta precedente y centra la atención en otros casos con laudos adversos para Argentina que tramitan o ya cuentan con aval judicial.

En este contexto, existen cuatro casos con laudo definitivo en contra de la Argentina en distintas instancias, incluido el de Aerolíneas. A su vez, otros siete expedientes figuran como “pendientes” en el CIADI. Los laudos definitivos cubren casi la totalidad del monto previsto en el presupuesto para hacer frente a decisiones firmes e inapelables del tribunal arbitral. Además del caso Titan contra Aerolíneas, se mencionan tres laudos más que completarían ese grupo.

Es relevante señalar que laudos del CIADI no son automáticos ejecutables. Los beneficiarios deben gestionar su reconocimiento ante la Justicia argentina para obtener una orden de cobro, como embargos, en caso de incumplimiento por parte del Estado. En este marco, persistirían laudos de años anteriores, como los de 2006 o 2009, que siguen apareciendo como pendientes.

Argentina es uno de los países con mayor cantidad de demandas ante el CIADI. Datos oficiales y de fuentes privadas señalan que la Argentina ha perdido el 86% de los casos resueltos y enfrenta laudos por más de US$10.046 millones. Desde 1997 recibió 65 demandas ante ese órgano, la mayoría tras la crisis de 2001 y la salida de la convertibilidad; muchas de ellas se retiraron tras acuerdos en las últimas décadas.

El CIADI funciona como foro en el que empresas extranjeras pueden demandar a Estados por incumplimientos de contratos, concesiones o expropiaciones amparados por tratados bilaterales de inversión. En la actualidad, siete casos contra Argentina siguen pendientes ante ese tribunal, según la información pública disponible.