Los docentes y trabajadores no docentes de la Universidad de Buenos Aires confirmaron que organizarán una nueva Marcha Federal Universitaria, luego de que las negociaciones entre los gremios y el Ministerio de Capital Humano no avanzaran hacia un acuerdo. La UBA sostiene que debe hacerse efectiva la recomposición del 32,5% establecida en la Ley de Financiamiento Universitario, la cual fue rechazada por el gobierno.
En un comunicado conjunto, la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) anunciaron un paro de 23 días que se implementará de forma escalonada, y anunciaron que el martes 15 de octubre realizarán una movilización hacia el Palacio de Tribunales para llevar a cabo la quinta edición de la protesta.
La movida gremial sostiene que la medida surge por el “incumplimiento sistemático de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno”. Durante el periodo de paro escalonado, las acciones serán rotativas y habrá actividades de visibilización en cada repartición y unidad académica entre el lunes 21 y el jueves 22 de octubre.
Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA, subrayó que no se puede aceptar que el Ejecutivo defina qué leyes se cumplen y cuáles no, y afirmó que “en democracia la ley se cumple”. Cagnacci recordó que la Corte Suprema se expresó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación y cuestionó la falta de sanción ante el incumplimiento de una orden judicial, señalando que son dos poderes de la República a los que este gobierno no respeta.
El conflicto se enmarca en el fiaso de la ronda paritaria celebrada este jueves en el Palacio Pizzurno, convocada por la Secretaría de Educación. La cartera ofreció un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, una propuesta que los sindicatos rechazaron unánimemente. Además de esos porcentajes, los gremios exigen la recomposición del 32,5% de las pérdidas salariales ocurridas durante los primeros años de la gestión de Javier Milei, tal como establece la Ley de Financiamiento Universitario. La oferta ministerial fue la misma que se presentó a principios de mes y no fue aceptada.
Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), afirmó que el Gobierno debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario dentro de la democracia, y señaló que ya existen pronunciamientos de dos poderes de la Nación a favor de esa obligación, por lo que resulta inexplicable que el Ejecutivo se niegue a aplicarla.
La noticia también remarca el respaldo judicial a esa postura: el año pasado, el juez Martín Cormick ordenó al Ejecutivo acatar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que regulan actualizaciones salariales y presupuestarias. El 1 de septiembre, Cormick rechazó la petición para dejar sin efecto esa cautelar, y la Corte Suprema confirmó su vigencia el 25 de junio.
