El conflicto por la reestatización de YPF, que acumula más de una década de litigios en tribunales estadounidenses, sumó un nuevo episodio. Burford Capital, que actúa en representación de Petersen Energía, Petersen Inversora y la firma Eton Park, presentó formalmente ante la Corte Suprema de los Estados Unidos una petición de certiorari, es decir, un recurso para que el máximo tribunal evalúe la decisión de la corte de apelación.
La presentación fue confirmada por el Gobierno argentino. La Procuración del Tesoro señaló que los demandantes ya habían adelantado su intención de acudir a la Corte Suprema tras el rechazo de su revisión en banc en el Segundo Circuito de Nueva York. En la Nota oficial, se afirmó que, a pesar de la sorpresa inicial, ya estaban trabajando en la estrategia y que defenderán los intereses del Estado con la misma contundencia que han mostrado hasta ahora.
A mediados de agosto, la Corte Suprema de Estados Unidos extendió el plazo para que los fondos puedan presentar su recurso, un plazo que vencía ayer. La apelación formal, denominada writ of certiorari en la jerga judicial estadounidense, representa el último intento de los demandantes por revertir la decisión de marzo, cuando la sentencia original de la jueza Loretta Preska fue revocada en su totalidad y se evitó que Argentina deba pagar más de US$16.000 millones.
Los analistas advierten que este tipo de certiorari no garantiza revisión: la Corte tiene la potestad de decidir si toma o no la causa, y su decisión es discrecional. En promedio, la Corte recibe entre 7.000 y 8.000 pedidos por periodo de sesiones y sólo analiza alrededor de 80 casos.
Además del recurso ante la Corte Suprema, Burford activó una vía paralela. La firma notificó al Estado argentino que llevará el caso YPF al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), bajo el tratado bilateral de inversiones suscrito entre Argentina y España en 1991. De este modo, el conflicto podría avanzar por una vía adicional, ampliando las opciones de los demandantes para tratar de exigir el pago.
En el entorno judicial, persiste la incertidumbre sobre el alcance de la futura decisión de la Corte y sobre la duración de este proceso, ya que no hay plazos fijos para que la Corte se pronuncie sobre la aceptación o rechazo de la petición. Mientras tanto, Argentina continúa defendiendo sus intereses, a la espera de un fallo definitivo que, de sostenerse la posición del fallo anterior, podría seguir afectando las arcas estatales.
