El proceso por la reestatización de YPF, que acumula más de una década de pleito en tribunales estadounidenses, suma un nuevo capítulo. Ayer, Burford Capital, que actúa en representación de Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park, presentó formalmente un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos para reclamar revisión de la sentencia.
La movida fue confirmada por la autoridad argentina: la Procuración del Tesoro informó que los demandantes ya habían anticipado su intención de acudir al máximo tribunal tras la negativa de revisar en banc la decisión del Segundo Circuito de Nueva York.
Según fuentes de la Procuración, la apelación se presentó en las últimas horas del plazo establecido por la justicia estadounidense. El mensaje fue claro: la defensa del Estado ya estaba preparada para este escenario y seguirá trabajando para proteger los intereses nacionales, con la fortaleza que ha caracterizado la estrategia exterior del país.
A mediados de agosto, el máximo tribunal de EE.UU. amplió hasta ayer el periodo para que los fondos que perdieron el pleito por la expropiación de YPF pudieran presentar su recurso.
La apelación formal, conocida en la jurisprudencia norteamericana como writ of certiorari, representa el último intento de los demandantes por revocar la sentencia de marzo, cuando se resolvió parcialmente a favor de Argentina al revertir la sentencia original y evitar que el Estado pague más de US$16.000 millones.
En el ámbito judicial, advierten que el writ de certiorari no garantiza revisión; la Corte Suprema tiene la potestad de decidir si acepta o no el caso para su análisis.
A nivel de probabilidades, las estadísticas no favorecen a Burford: la Corte recibe entre 7.000 y 8.000 pedidos por periodo de sesiones y llega a analizar apenas unas 80 causas.
Además, no existen plazos fijos para que la Corte se pronuncie sobre la aceptación o rechazo de la petición, lo que añade incertidumbre al proceso.
Ante este escenario, Burford ya activó una estrategia paralela. Como informó este diario, notificó al Estado argentino que adelantará el caso YPF ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Así, el fondo activó un tratado bilateral de inversiones firmado entre Argentina y España en 1991, buscando encauzar la disputa por vías distintas a la Corte.
Con este movimiento, la controversia por la expropiación de YPF podría ampliar su cauce hacia instancias multilaterales, ampliando las opciones judiciales y diplomáticas en juego.
