La jueza federal de Nueva York Loretta Preska formalizó este lunes la anulación de la condena de US$16.100 millones impuesta a Argentina por la estatización de YPF en 2012. En su escrito, la magistrada integró al expediente de primera instancia el fallo de la Cámara de Apelaciones que, en marzo, dejó sin efecto esa indemnización y avanzó con el cierre de esa etapa del proceso.

Esta resolución se interpreta como un avance significativo para el país en uno de los litigios más relevantes de su historia, aunque no implica la conclusión definitiva del conflicto. Los demandantes habían pedido que la Corte Suprema de Estados Unidos revise la decisión de la Cámara, y ahora corresponde determinar si el máximo tribunal aceptará intervenir.

El documento, conocido como sentencia final, no altera el fondo de la disputa, sino que formaliza en el expediente la anulación de la condena que Preska había dictado en septiembre de 2023. La jueza acató así lo resuelto previamente por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que en marzo de 2026 revocó la condena contra Argentina por la expropiación de la petrolera durante la gestión de Cristina Kirchner.

Con esta acción, Preska dejó formalmente sin efecto su fallo original, que obligaba al país a pagar los US$16.100 millones a los demandantes. Los demandantes habían buscado postergar el cierre del proceso hasta que se definiera si la Corte Suprema aceptaría revisar el caso, pero la jueza rechazó ese planteo y siguió adelante con la formalización del fallo de la Cámara.

El conflicto tiene sus raíces en la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012. Los accionistas minoritarios argumentaron que el Estado argentino debió haber efectuado una oferta pública de adquisición para absorber sus participaciones. En septiembre de 2023, Preska había fallado a favor de los demandantes; ese fallo fue revertido por la Cámara de Apelaciones en marzo de 2026, lo que permitió a Argentina evitar, por ahora, el pago de la millonaria indemnización.

Aunque la resolución de Preska representa un avance importante, el caso todavía espera una definición en la Justicia de Estados Unidos. Los demandantes recurrieron a la Corte Suprema para intentar revertir la decisión de la Cámara y restablecer la condena original. En definitiva, el futuro del expediente dependerá de la decisión que tome la Corte Suprema: si rechaza la revisión, quedaría firme el fallo favorable a Argentina; si admite el análisis, podría reabrirse una nueva etapa del litigio. Por ahora, la condena de US$16.100 millones permanece anulada y el proceso continúa adelante en la justicia estadounidense.