La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó a la Argentina una prórroga para presentar sus argumentos ante el máximo tribunal en el marco del litigio por la expropiación de YPF. Con este movimiento, el país tiene ahora tiempo hasta el 2 de diciembre para responder al recurso de revisión planteado por los demandantes.
La información fue explicada por Sebastián Maril, especialista que sigue de cerca estos litigios contra la Argentina en la justicia norteamericana. Según detalló, el 30 de septiembre los demandantes presentaron una solicitud de revisión del fallo de la Corte de Apelaciones que exoneró a Argentina de pagar los aproximadamente 16.000 millones de dólares iniciales. El Gobierno tenía plazo hasta el 2 de noviembre para contestar y solicitó una prórroga, la cual fue concedida por la Corte Suprema. “Es totalmente normal. La Corte Suprema hoy le otorgó esa extensión hasta el 2 de diciembre”, afirmó Maril.
Esta extensión no implica una definición sobre el fondo de la demanda. Lo que está en juego es si la Corte Suprema decidirá o no aceptar revisar el caso, una decisión que depende exclusivamente de sus jueces. En ese sentido, Maril mencionó que el expediente de YPF es complejo y podría tener alguna chance mayor de lo que muchos esperan para ser aceptado.
La prórroga llega poco después de que la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, haya cerrado formalmente la causa en primera instancia. Preska revocó su propia sentencia de 2023 y acató lo resuelto por la Cámara de Apelaciones. Fuentes de la Procuración del Tesoro brindaron a Infobae que se trata de un trámite meramente procesal, ya que el fallo original fue revertido por la Cámara.
El origen del litigio se remonta a la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, vinculados a la familia Eskenazi, junto con el fondo Eton Park, llevaron el caso ante la República Argentina, alegando que la expropiación vulneró derechos de accionistas minoritarios. Burford Capital financia el proceso y adquirió los derechos de los exaccionistas afectados.
En 2023, Preska condenó a Argentina a pagar más de 16.100 millones de dólares; con intereses, la cifra superó los 18.000 millones, cifra que significó la mayor condena judicial contra un país en la historia de los tribunales estadounidenses. Argentina apeló y, el 27 de marzo de este año, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revocó esa condena, señalando que Preska interpretó de forma incorrecta la normativa argentina y estableciendo que la ley de expropiación del país impide demandas de terceros que interfieran con el proceso expropiatorio. El fallo también reforzó que los estatutos de una sociedad no constituyen base para sostener esas pretensiones.
El Gobierno argentino subrayó que la prórroga solicitada es un paso procesal para salvaguardar su posición, y aclaró que no se trata de una resolución sobre el fondo de la disputa.
