La jueza estadounidense Loretta Preska cerró el expediente en Nueva York por la supuesta violación del estatuto de la petrolera YPF durante su expropiación por parte de Argentina. Aun así, los demandantes conservan dos vías para que el Estado termine pagando hasta US$16.100 millones más intereses.
En Estados Unidos, el proceso puede seguir apenas a través de un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Justicia. Los administradores de la quiebra de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora (ambas vinculadas a la familia Eskenazi) y de Eton Park, financiados por el fondo Burford Capital, presentaron la solicitud para que la Corte revise el fallo de la Corte de Apelaciones, que había revertido la condena impuesta por Preska.
El desistimiento no implica garantía de revisión. La Corte Suprema no admite todos los casos: cada año recibe hasta unas 8.000 solicitudes y suele aceptar en torno a 80 expedientes, es decir, un porcentaje cercano al 1%, explican personas familiarizadas con el funcionamiento del sistema judicial estadounidense.
Según el ex subprocurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Soler, Preska dio por terminado el expediente luego de que en marzo la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocara y dejara sin efecto la sentencia de primera instancia de Preska, que en 2023 había condenado a la Argentina. Soler señaló que la única otra vía posible para Burford sería un reclamo arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por el supuesto incumplimiento de tratados bilaterales de inversión que Argentina mantuvo con España (en el caso de Petersen) y con Estados Unidos (por Eton Park). Burford informó a mediados de septiembre el primero de estos reclamos, pero no el segundo.
Con probabilidades bajas de que la Corte Suprema tome el caso, el proceso iniciado en 2015 podría acercarse a su cierre. En CIADI, el procedimiento contempla un arbitraje ante el Banco Mundial y puede prolongarse varios años; incluso si se emite un laudo, la cifra condenatoria podría ser menor que los US$16.100 millones en disputa, o no prosperar de forma definitiva.
