Un informe reciente confirmó que al menos 27 personas privadas de libertad en cárceles de la provincia de Salta dieron positivo de tuberculosis. La cifra fue comunicada este jueves al presidente del Comité Provincial contra la Tortura, Andrés Giordamachi. Según explicó, en febrero, durante una visita al penal de Villa Las Rosas, de la Unidad Carcelaria N° 1, habían registrado apenas dos casos; hoy la mayor parte de los contagios se concentra en esa unidad ubicada en la ciudad de Salta.

La alerta se activó tras la internación de un interno por la enfermedad; a partir de ahí se detectaron más casos y, con la intervención del Ministerio de Salud Pública, se inició la evaluación médica de los internos de esas unidades. Aun así, tanto Giordamachi como la defensora pública del distrito judicial de Tartagal, Lorena Babicz, resaltaron que no existe un protocolo específico de detección y actuación ante la TB.

Babicz había pedido la libertad de uno de ocho imputados por robo de maíz en una finca de Coronel Cornejo, en el departamento San Martín, argumentando el riesgo de contagio. El hombre fue detenido el 22 de septiembre y liberado seis días después, el 28 de ese mes, bajo la condición de someterse a exámenes y tratamiento. Según la defensora, el detenido afirmó haber padecido tuberculosis en la infancia, pero nunca recibió tratamiento. Tanto Babicz como Giordamachi coincidieron en que no hay un protocolo vigente para estos casos.

Además, se señaló que no existen mecanismos de detección temprana mediante exámenes para identificar TB entre las personas privadas de libertad. Giordamachi recordó que la única época con un protocolo fue durante la pandemia de COVID-19, y que ese marco se centraba principalmente en el régimen de visitas.

Con la intervención del Ministerio de Salud, que ya inició la detección para frenar posibles contagios, se vislumbra la posibilidad de adoptar un protocolo que deberá ser trabajado en conjunto con el Ministerio de Justicia, área responsable de los penales. Sin embargo, el comisionado advirtió que pronto podría entrar en juego la prioridad de enfrentar la temporada de dengue, por lo que el objetivo es contar con el protocolo una vez superada esa crisis.

Por su parte, la Fiscalía de Derechos Humanos informó que se levantó el aislamiento preventivo de 40 internos de la sección masculina de la Alcaidía General, tras las evaluaciones médicas correspondientes. La fiscal titular, Claudia Geria, continúa con las actuaciones de oficio para verificar la situación sanitaria de las personas privadas de libertad, dentro de una causa iniciada a partir de publicaciones periodísticas que alertaron sobre posibles casos de TB en esos establecimientos.