El concurso preventivo de Algodonera Avellaneda terminó convirtiéndose en quiebra, tras el fracaso de las negociaciones con acreedores y de un intento de salvataje que no despertó interés. El magistrado santafesino Fabián Lorenzini dictó la medida y, al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de que la sindicatura evalúe la viabilidad de mantener la producción temporalmente mientras se organiza la venta de la empresa o de sus unidades industriales. El Banco de la Nación Argentina concentra más del 80% del pasivo verificado y reclama una suma superior a los 260 millones de dólares; esa acreencia tiene un peso central debido a garantías otorgadas por Algodonera Avellaneda a Vicentin, vinculadas a integrantes de la misma familia, según consta en el expediente.
Para los trabajadores, ya con tensiones para cobrar salarios, la continuidad laboral depende de las decisiones que surjan del proceso concursal. La quiebra, sin embargo, no implica un cierre inmediato de las plantas: Lorenzini encargó a la sindicatura la valoración de la viabilidad de sostener de forma interina la producción mientras se gestiona la venta de la compañía o de sus unidades.
La instalación principal de la firma es la hilandería ubicada en Reconquista, Santa Fe, que opera cerca del 60% de su capacidad. La planta funciona a través del fasón, es decir, procesa materiales para terceros y genera ingresos que permiten afrontar parte de los salarios y otros gastos. Además, Algodonera Avellaneda controla desmotadoras en General Pinedo, Chaco, y en Santiago del Estero.
El deterioro financiero excede las obligaciones que dieron origen al concurso preventivo, iniciado en 2024. En 2025 y 2026 se acumularon otros 6.818,7 millones de pesos de deuda, conforme al relevamiento de la sindicatura. Entre esos pasivos figuran compromisos laborales, tributos y facturas de electricidad, entre otros gastos necesarios para sostener la actividad.
Otra pieza central del pasivo del Nación proviene de garantías otorgadas por Algodonera Avellaneda a Vicentin, vinculadas a miembros de la misma familia. El banco sostuvo que las propuestas de pago presentadas eran insuficientes y, por ello, no fueron aceptadas.
Tampoco prosperó la posibilidad de que un tercero asumiera el control de la empresa y negociara una alternativa con los acreedores. El registro del procedimiento de salvataje permaneció abierto hasta el 5 de octubre sin que se anotaran empresas, acreedores ni cooperativas.
