En medio de la denuncia de la campaña de Lula da Silva contra Meta por restringir el alcance de contenidos políticos, el Partido de los Trabajadores (PT) intensificó su estrategia en plataformas digitales para contrarrestar el poder de los algoritmos y ampliar la difusión de sus mensajes de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
El Ministerio Público Federal (MPF) presentó ante la Justicia una solicitud para que Meta restablezca, en un plazo máximo de 24 horas, las cuentas, páginas y publicaciones suspendidas o restringidas sin justificación durante el periodo electoral. La acción apunta a garantizar la continuidad de la difusión de la campaña y su alcance en las redes sociales.
El canal de WhatsApp “Ejército de Lula”, conducido por el diputado federal por Minas Gerais, André Janones, llegó este jueves a 8,4 millones de seguidores. Creado en abril, este espacio creció de forma explosiva: antes de la primera vuelta, que terminó con la victoria de Flávio Bolsonaro, sumaba apenas 50.000 seguidores. A través de ese canal, Janones difunde diariamente textos, audios, imágenes y videos para que los adherentes los repliquen en otras redes, desmientan presuntas noticias falsas difundidas por bolsonaristas y participen en misiones para sumar nuevos integrantes y captar el voto de los indecisos.
Además, el diputado busca influir en los mecanismos que condicionan la visibilidad de la información en internet. Para ello, convoca a los miembros del canal a interactuar con las publicaciones y propone realizar búsquedas en Google con términos vinculados a las acusaciones contra Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, actualmente detenido por golpismo. Entre las expresiones sugeridas figuran “Flávio Comando Vermelho”, “Flávio Ana Clara” y “Bolsonaro mandó a matar a Lula”, entre otras.
En paralelo, la Procuraduría presentó una acción pública ante la Justiça Federal de Porto Alegre, solicitando que Meta restablezca los perfiles y contenidos afectados en Facebook e Instagram, así como su alcance y funcionalidades, bajo amenaza de una multa diaria de 500.000 reales (alrededor de 90.000 dólares) por cada cuenta que incumpla.
La MPF también pidió que las decisiones de moderación que suspenden cuentas no dependan exclusivamente de sistemas automatizados y que las reclamaciones sean revisadas de forma individual por equipos humanos especializados, capaces de evaluar el contexto de cada publicación.
Según el MPF, las restricciones aplicadas durante septiembre y octubre, en plena campaña para las elecciones presidenciales, legislativas y regionales, afectaron a entidades estudiantiles, movimientos sociales, colectivos culturales, medios de comunicación independientes, periodistas, comentaristas políticos y ciudadanos. La investigación señaló bloqueos sin justificación y clasificatorias de contenidos que, a juicio de la Procuraduría, resultaron erróneas.
