La Justicia Federal de San Isidro dictó el procesamiento de Facundo Leal, titular de ARSAT, por presuntas prácticas de administración fraudulenta y negocios incompatibles con la función pública. La medida fue tomada por el juez Lino Mirabelli, con intervención del fiscal Fernando Domínguez, en el contexto de la investigación sobre el robo a un depósito de ARSAT ubicado en San Fernando. Por ahora, se estableció una presunta relación entre Leal y la empresa contratada para gestionar ese depósito, Argentina Logistic Services (ALS), que habría recibido la adjudicación mediante coimas.
Durante los allanamientos a las propiedad de Leal, la Justicia halló 128 gramos de ketamina, 164 gramos de MDMA cristal, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína y un vaporizador de cannabis, además de una balanza. En inmuebles ubicados en Palermo y Mendoza se encontraron, respectivamente, 650.000 dólares y 1,7 millones de dólares. Paralelamente, el fiscal abrió un expediente independiente por presunto enriquecimiento ilícito; la causa por drogas continúa en Comodoro Py, bajo la competencia del juzgado de Daniel Rafecas.
A raíz de los hallazgos, Leal fue procesado, pero se le confirmó la prisión domiciliaria dadas las severas abstinencias que habría padecido en prisión. Por este motivo, el procesamiento dictado este jueves mantiene la modalidad de prisión domiciliaria. Quedó imputado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de deberes de funcionario público y administración fraudulenta agravada.
El caso también alcanza a Gerardo Boschín, exsubgerente de compras de ARSAT, quien, a pesar de las sospechas que existían, fue nombrado durante meses como presidente de Trenes Argentinos. Junto a ellos figuran ocho personas más procesadas por el robo al depósito de San Fernando, descubierto en 2024: los exdirectivos de ARSAT Pablo Pagani, Juan Andrés Navarro y Juan Antonio Álvarez.
También fueron procesados directivos y empleados de la empresa logística beneficiada: Diego Padilla, Fernando Paredes, Sofía Varela Vizgarra, Santiago Pando y Gastón Padilla. Argentina Logistic Services, como persona jurídica, también quedó procesada en el marco de la investigación.
El magistrado sostuvo que habría existido un “circuito para direccionar contratos” a favor de ALS, con indicios de simulación del proceso de competencia y un esquema de “retornos”. Según la documentación, ARSAT emitió órdenes de compra a ALS por montos significativos (1.695.667,44 dólares y 32.210.287,09 pesos), configurando un perjuicio patrimonial para el Estado. Entre las pruebas reunidas figuran llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y documentación administrativa.
