La Cámara de Diputados bonaerense aprobó con voto unánime la Ley Ema, una norma que modifica la ley de Educación para incorporar lineamientos y un programa específico orientados a prevenir y erradicar la violencia digital en los entornos escolares. La iniciativa nace del dolor de Laura Bondaruk, madre de Ema Bondaruk, quien perdió a su hija de 16 años tras la difusión no consentida de imágenes íntimas.

La ley surge de un trabajo conjunto entre Laura Bondaruk y las senadoras Laura Clark y Mónica Macha, junto con la diputada Mayra Mendoza, y fue convertida en norma por la Legislatura con respaldo unánime. En su exposición, fuentes oficiales subrayaron que la relevancia de este proyecto trasciende un caso aislado: se trata de un fenómeno sistémico ligado a una cultura patriarcal que se manifiesta con fuerza en redes, por lo que es fundamental contar con herramientas para prevenirlo y abordarlo, especialmente en escuelas.

En ese marco, se destacó que la norma busca dar un marco de acción claro para docentes y directivos, para que cuenten con recursos y criterios ante situaciones de violencia digital.

Entre los puntos centrales, la norma ordena a la Dirección General de Cultura y Educación incorporar de forma transversal, progresiva y adecuada en todos los niveles educativos contenidos sobre consentimiento, privacidad y respeto a la intimidad en entornos virtuales; además de temas relacionados con derechos digitales y ciudadanía digital en la vida escolar. También contempla la identificación y prevención de violencias en entornos virtuales desde una perspectiva de derechos humanos, género, inclusión y justicia social.

Sobre las valoraciones de actores políticos, una de las dirigentes destacó la necesidad de convertir el marco normativo en herramientas concretas para las escuelas, no solo en teoría. Por su parte, la senadora Clark señaló que la ley responde a una demanda de familias y de la comunidad educativa, y que su implementación facilita respuestas ante situaciones cotidianas que ya se observan. En la comisión de Educación, algunas voces de la coalición de oposición expresaron críticas al proyecto, y desde una autoridad municipal en uso de licencia se afirmó que el debate debe conducir a una política pública más responsable y protegida para los jóvenes.