La versión local de la quinta Marcha Federal Universitaria convirtió el centro de Rosario en una marea de carteles y banderas que recorrió desde la Plaza San Martín hasta el Monumento a la Bandera, abarcando aproximadamente siete cuadras. A diferencia de lo ocurrido en Buenos Aires, la movilización transcurrió sin incidentes, apenas acompañada por una garúa suave y con un fuerte reproche a los diputados nacionales de Santa Fe que responden al gobernador Maximiliano Pullaro: al mediodía no asistieron a la sesión prevista para tratar el DNU 70/23, lo que alimentó la expectativa de la oposición de derogar la medida. Su ausencia fue destacada como factor clave para impedir el quórum.
La marcha concluyó en el Monumento a la Bandera, donde se leyó un documento elaborado de forma conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y las centrales docentes. Bajo la consigna Defender nuestros sueños, garantizar el futuro, la declaración conectó la defensa de la universidad pública con la soberanía, la democracia y los derechos sociales.
El texto denuncia el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, recuerda que la Justicia ordenó aplicar sus disposiciones sobre salarios y becas y advierte que el deterioro presupuestario pone en riesgo el funcionamiento de las casas de estudio. Exige que el Presupuesto 2027 incorpore los recursos previstos por la ley y señala que la propuesta oficial no recupera las pérdidas acumuladas por el sistema universitario y científico.
Las organizaciones convocantes subrayaron que la crisis va más allá de las aulas: afecta salarios del personal docente y no docente, las becas, la investigación y la capacidad de miles de estudiantes para sostener sus carreras. “La universidad pública es una herramienta fundamental de justicia social, movilidad social ascendente y construcción de soberanía nacional”, afirma el documento.
Federico Gayoso, secretario general de COAD, destacó la magnitud de la convocatoria y la relacionó con el respaldo social a la educación pública. “Hay un nivel de hartazgo en toda la comunidad universitaria”, afirmó, al recordar que la ley sancionada hace casi un año continúa sin cumplirse. Alertó sobre las consecuencias de la crisis salarial y presupuestaria: renuncias de docentes, abandono de estudios y un sistema que podría vaciarse. “¿Dónde queda la movilidad social?”, preguntó, al plantear qué oportunidades tendrán los hijos de los trabajadores si la universidad se deteriora.
