En Tucumán se discute intensamente la respuesta institucional ante las denuncias por violencia de género. Organizaciones periodísticas y sociales señalan que, en ciertos ámbitos, víctimas y aliados enfrentan presiones de carácter social, político y judicial, y que numerosas causas quedan sin avance. Una investigación de corrupción, amenazas y violencia, coordinada por Amarú Orlando y otros colegas, sugiere prácticas que podrían facilitar el silenciamiento de casos y alimentar una sensación de impunidad entre actores oficiales.
En las últimas horas comenzaron a circular grabaciones atribuidas al fiscal Enrique Rojas, titular de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana de Concepción. Según la fuente que difundió el material, estos audios describirían un acceso a la justicia en Tucumán condicionado por el poder masculino, al tiempo que se observa una interpretación del proceso judicial como un “juego de cartas” o un “truco” para privilegiar ciertos intereses.
Además, se señalan movimientos financieros de considerable magnitud vinculados al ex legislador Luis Brodersen, quien habría remitido fondos a la cuenta del fiscal. En las grabaciones también aparece Paula Ojeda, abogada de Brodersen y pareja del ex legislador, quien, en otros audios, presume de contactos en el Poder Judicial.
Los denunciantes sostienen que estas prácticas vulneran derechos fundamentales y muestran una corrupción que abarca ámbitos judiciales y políticos, configurando lo que varios actores califican como una red de impunidad. Las argumentaciones apuntan a una institucionalidad que no solo tolera, sino que facilita, abusos y represalias contra quienes denuncian.
Entre las víctimas que suelen citarse en este marco figuran Paola Tacacho, quien falleció tras presentar 22 denuncias, y Karla Robles, quien habría sido empujada a quitarse la vida durante un vivo en TikTok y murió el 25 de octubre de 2025, en pleno proceso judicial contra su ex pareja. Estas referencias buscan ilustrar el daño real que, según los entrevistados, deriva de un sistema que no garantiza la sexualidad y la integridad de las mujeres ante conductas de poder.
La lectura de la investigación sostiene que estas irregularidades no son episodios aislados, sino parte de un patrón que afecta el acceso a la justicia para mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.
