El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, y el intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, promovieron ante la Justicia Federal un amparo con pedido de no innovar y efecto suspensivo frente a la resolución 5910/2026 de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero). La norma, vigente desde el 10 de octubre pasado, impone severas trabas al comercio límite entre Argentina y Bolivia y ha generado preocupación entre los comercios de ambos municipios limítrofes.
Entre las medidas cuestionadas figura un tope de 150 dólares diarios por persona para la venta de productos argentinos y la prohibición de acondicionar ciertos alimentos, como harina, en presentaciones de 10 kilogramos o más. También se restringe el paso de granos. Los denunciantes sostienen que estas prohibiciones causarán un daño patrimonial significativo al comercio local y afectarán la estabilidad de los recursos y la convivencia social de las comunidades. La demanda, de 26 páginas, fue presentada por el abogado Adrián Albornoz ante la Justicia Federal de Salta y ahora deberá resolverse por el juzgado a cargo.
La defensa de las municipalidades sostiene que, si bien se evaluaron recursos administrativos, estos podrían alargar indefinidamente los trámites, lo que podría equivaler a permitir “la quiebra del comercio formal y el colapso social y laboral” en la región. Por eso subrayan la legitimación para interponer la acción, al entender que la autonomía municipal y la paz social están en juego ante la caída de ingresos municipales provocada por la nueva normativa.
Los primeros efectos de la resolución ya se percibieron ayer en el puente internacional de Salvador Mazza, del lado argentino, con repercusión en la zona boliviana de San José de Pocitos, dependiente de la Región Autónoma del Gran Chaco. Las cooperativas de bagayeros optaron por bloquear el paso. Autoridades bolivianas indicaron que informarán a la Presidencia de su país y buscarán gestionar ante las autoridades argentinas una flexibilización de la resolución.
Según Zigarán, se acordó, de forma transitoria, permitir durante quince días que los bagayeros crucen tres veces al día con carritos cargados, por un valor máximo de 150 dólares, en lugar de las seis cruces autorizadas antes de la vigencia de la norma. En Argentina, la situación también dejó mella en otros puntos de frontera, como La Quiaca, en Jujuy, donde ayer se dio a conocer un anuncio similar (detalles no especificados en el informe).
